08 julio, 2006

Derrota Nacional

¿Qué es un 0.58%, una diferencia de casi medio punto porcentual?

Es lo que marca la diferencia entre lo que pudo haber sido, y lo que eventualmente será.

Contrariamente a lo que muchos suponen, el 2 de julio del 2006, no ganó Felipe Calderón.

Tampoco ganó el Partido Acción Nacional.

El gran ganador de la contienda presidencial fue la extrema derecha de México. Los grandes ganadores fueron la Organización Nacional del Yunque y sus forjadores los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara.

El gran perdedor fue México, que posiblemente ya no volverá a tener una oportunidad como la que se le presentó para desprenderse para siempre de las influencias nocivas de una agrupación fanática enquistándose cada vez con mayor fuerza en los estratos superiores del poder.

La elección presidencial del 2006 nunca fue una lucha entre Andrés Manuel López Obrador y el candidato panista. Fue una lucha bastante desigual entre López Obrador y el Yunque, en cierto modo heroica, una lucha que por una insignificancia de votos casi perdía la extrema derecha. Pero el peligro para ellos ya pasó.

Felipe Calderón llega a la Presidencia atado de manos (sus "manos limpias") con muchos compromisos. El apoyo decidido que recibió de los estrategas de la extrema derecha a través de su máximo exponente en México, el ultraderechista Manuel Espino, presidente nacional del PAN, apoyo con el cual por una diferencia mínima de votos logró obtener la Presidencia de México, no le fue dado gratuitamente. Y es gente mala a la que no se le puede dar la espalda fácilmente sin consecuencias terribles; esto lo saben de sobra quienes han tomado el juramento de lealtad para ingresar al mundo secreto de la ultraderecha mexicana.

Al apretado triunfo de Felipe Calderón contribuyeron también el egoísmo y la envidia que Cuauhtémoc Cárdenas siempre le tuvo a López Obrador. Mientras que Vicente Fox apoyó decididamente desde la Presidencia al candidato oficialista Felipe Calderón pese a que su favorito original era su Secretario de Gobernación Santiago Creel, Cuauhtémoc Cárdenas dejó completamente solo a López Obrador, jamás hizo el menor intento por apoyarlo de alguna manera. Ni siquiera atendió la convocatoria hecha por López Obrador para participar el sábado 8 de julio del 2006 en el Zócalo de la Ciudad de México en una manifestación de protesta en contra de las múltiples irregularidades cometidas en las elecciones presidenciales del 2006, siendo notoria su ausencia en un evento en el que su presencia era casi obligada por simple cuestión de solidaridad en tiempos de crisis. Hasta el final, mantuvo su fría actitud de impasibilidad e indiferencia total dándole la espalda a los mismos que en tres ocasiones distintas -en 1988, en 1994, y en el 2000- lo apoyaron entusiastamente en su candidatura por la Presidencia. Inclusive tres días después de las elecciones Cuauhtémoc Cárdenas no tuvo ningún empacho en juntarse con un Felipe Calderón urgido de darse legitimidad, sin descartar Cárdenas la posibilidad de que pudiera colaborar con Felipe Calderón ya al frente de la Presidencia de México (¿otra concertacesión al estilo del viejo PRI?). Y con ello le puso un clavo más -su propio clavo- al ataúd en el que quedaron las posibilidades de que el partido por él fundado pudiese obtener la Presidencia de México. Difícilmente el destino le volverá a presentar a Cuauhtémoc Cárdenas una oportunidad igual para llevar a la centro-izquierda que él representa al poder. Anteriormente, su actitud de tibia complacencia y resignación ante el fraude electoral que fue cometido en su contra en 1988 con la ya famosa "caída del sistema" por órdenes de Miguel de la Madrid Hurtado terminó costándole que buena parte de quienes habían votado por él le dieran la espalda en las elecciones presidenciales de 1994 cuando Cárdenas creyó ilusamente que muchos de sus otrora seguidores le iban a permitir decepcionarlos nuevamente. Todavía en las elecciones presidenciales del 2000, su soberbia lo volvió a cegar haciéndole creer que el pueblo ya había olvidado la traición de Cuauhtémoc Cárdenas cometida doce años atrás, hasta que la histórica salida del PRI de Los Pinos con la entrada de la derecha al poder le hizo abrir los ojos. Es muy posible que, resentido con el repudio popular manifestado en las urnas en contra suya, y verde de envidia ante la enorme popularidad de un Andrés Manuel López Obrador que ya lo había desplazado ampliamente en las encuestas de popularidad y que aglutinaba tras de sí las fuerzas populares que el mismo Cárdenas había conjuntado en 1988, hubiera tomado la decisión de sabotear las posibilidades de López Obrador de llegar a la Presidencia de la República abandonándolo a su suerte, pese a que las fuerzas siniestras a las cuales se estaba enfrentando López Obrador eran esencialmente las mismas a las cuales se enfrentó su propio padre el General Lázaro Cárdenas cuando fue Presidente de la República. Sobre esta perspectiva, Cuauhtémoc Cárdenas hizo algo mil veces peor que traicionar a López Obrador. Se traicionó a sí mismo y traicionó todo aquello por lo cual luchó su padre.

Otro grave error, en este caso cometido por Andrés Manuel López Obrador, fue haberse abstenido por completo de incluír y mencionar el tema del Yunque dentro de su plataforma de campaña (una buena oportunidad que tuvo para ello se le presentó el 6 de junio del 2006 durante el segundo debate presidencial, oportunidad que fue desaprovechada lastimosamente). Teniendo un argumento tan bueno y tan contundente con qué contraatacar a sus enemigos, lo borró por completo de su agenda. ¿Cuántas veces mencionó López Obrador la palabra Yunque en sus discursos de campaña? Ni una sola vez, como si se tratase de una fantasía, pese a que eran ellos quienes realmente estaban tratando de impedirle llegar a la Presidencia. Si no lo hizo como una muestra de respeto creyendo que le agradecerían la cortesía, erró fatalmente, porque esta es gente ingrata que nunca agradece nada, y si no lo sabía ahora ya lo sabe, aunque demasiado tarde. Así, mientras que estaba siendo castigado duramente noche y día como un peligro para México en una despiadada guerra sucia diseñada con años de anticipación por los asesores Yunquistas de Felipe Calderón, a la cual reaccionó en forma por demás tardía, López Obrador en ningún momento quiso señalar de cara a sus simpatizantes y de cara a la Nación el enorme peligro que representa no solo para México sino para todo el continente americano el que una minoría ultrafanática operando desde la clandestinidad continúe infiltrando los estratos superiores de la sociedad mexicana con el fin de implementar su propia agenda secreta y fomentar sus propios intereses. Se abstuvo de denunciarlos pese a que sabía lo que estaba sucediendo, perdiendo todas las oportunidades que el destino le dió para ello. Ni él ni los demás candidatos del Partido de la Revolución Democrática a las curules y los escaños en el Congreso de la Unión tocaron el tema del Yunque para nada, y aún así lograron ascender hasta convertirse en la segunda fuerza política del país. Es posible que si hubieran denunciado al Yunque como lo que es, como un enorme peligro para México tal y como lo fueron los Nazis en Alemania cuando aún había democracia en dicho país, el PRD quizá se habría podido convertir en la primera fuerza política de México, relegando al PAN -y a la Organización Nacional del Yunque que lo tiene secuestrado- al segundo o inclusive al tercer lugar.

¡Y pensar que la noche del 5 de julio del 2006, cuando EL NOTICIERO de Joaquín López-Dóriga radiado por TELEVISA transmitía en vivo los resultados cumulativos del conteo de las actas electorales, con el 92.17 por ciento de las actas contabilizadas Andrés Manuel López Obrador llevaba una delantera de un punto porcentual sobre el candidato de la extrema derecha Felipe Calderón, con el primero obteniendo el 36.11 por ciento mientras que el segundo obtenía el 35.12 por ciento! Esto quiere decir que un 92 por ciento de los electores habían votado mayoritariamente por López Obrador.

El triunfo de la ultraderecha en las elecciones presidenciales del 2006 representa también una paradoja de contrastes por lo contradictorio de dicho triunfo dentro de la realidad del país. Tómese por ejemplo el estado de Guanajuato, un estado que apoyó con una cantidad abrumadora de votos a Felipe Calderón. Pero Guanajuato no sólo es uno de los estados que apoyó abrumadoramente al candidato del PAN. También es uno de los estados que ha estado expulsando cada año decenas de miles de indocumentados hacia los Estados Unidos por falta de empleos. Es uno de los estados con la mayor cantidad de damnificados socio-económicos forzados por hambre a buscar empleo en el vecino país del Norte, aportando un porcentaje importante del total del medio millón de mexicanos que han estado siendo expulados cada año en los seis años de una administración panista que prometió crear un millón 350 mil empleos cada año y que fue incapaz de cumplir con tan importante promesa. Se sobreentiende que si Felipe Calderón es la continuación de las mismas políticas socio-económicas aplicadas por Vicente Fox, México debería prepararse para seguir expulsando anualmente medio millón de mexicanos, excepto por el hecho de que Estados Unidos está militarizando ya su frontera con México y está por iniciar la construcción de un muro fronterizo con lo cual planea "sellar" su frontera con México. ¿A dónde irán entonces los guanajuatenses que votaron por Felipe Calderón para quienes ya no habrá empleo en los próximos seis años ni en el campo ni en la ciudad? ¿Qué harán cuando la válvula de escape que México tenía al Norte quede sellada?

Algunos analistas pudieran tratar de argumentar que dentro de tres años el pueblo de México tendrá una oportunidad para "castigar" a Felipe Calderón en caso de que no cumpla con sus promesas de campaña, con las elecciones del 2009 para renovar el Congreso de la Unión. Pero hay que recordar que al Yunque de cualquier modo no le importó anteriormente perder las elecciones intermedias del 2003. Lo único importante para el Yunque son las elecciones presidenciales, porque en ellas está en juego el control del Ejército, el control de la PGR, el control de la Secretaría de Gobernación, el control de la Secretaría de Hacienda, el control de todos los recursos públicos federales, y esto no están dispuestos a entregar nada de esto aunque tenga que haber un derramamiento de sangre.

De mayor preocupación para todos los mexicanos lo debe ser el hecho de que, ahora que tanto la ultraderechista Organización Nacional del Yunque como sus creadores los "Tecos" de la Autónoma de Guadalajara han estado siendo expuestos ante el pueblo de México, con sus operaciones secretas saliendo a la luz pública gracias a las revelaciones de quienes están desertando de estas organizaciones secretas para denunciar lo que en ellas se está fraguando en contra de México, así como la arriesgada labor de algunos de los periodistas más notables del país que están recogiendo estos testimonios y están investigando por cuenta propia los eslabones de la cadena, la extrema derecha se encuentra hoy más desesperada que nunca. Es como una bestia herida de muerte, justo en el momento de la consolidación de su poderío secreto tras seis años de co-gobernar a México con el pro-Yunquista Vicente Fox que serán reafirmados con otros seis años de gobierno de Felipe Calderón. Y una bestia herida de muerte ya no se detiene ante nada. La extrema derecha de México se ha vuelto ahora más peligrosa que nunca. Y cuenta a través del infiltrado PAN en el poder con todos los recursos del gobierno federal a su disposición para desatar una lucha desesperada por su propia supervivencia. Ello explica los extremos a los cuales llegaron para garantizar por todos los medios posibles el triunfo del hombre que de aquí en adelante será su cómplice en los seis años que habrán de venir.

Hay otra cosa preocupante, ésta para Felipe Calderón, sobre su muy proclamado triunfo. Tomando en cuenta las ilegalidades de última hora en que se estuvo incurriendo para garantizarle su victoria, y tomando en cuenta que ésta victoria fue por un margen ínfimo que ahora millones de mexicanos sospechan que fue logrado con la ayuda de un fraude hormiga cometido aquí y allá a gran escala (además de la intensa campaña para inducir el voto del miedo recurriendo a la publicidad pagada directamente por varios organismos empresariales con el fin de poder violar los topes legales fijados previamente para los gastos de campaña), se puede argumentar que de no haberse incurrido en esas ilegalidades de última hora entonces el triunfador en todo caso debería ser López Obrador, quizá por un margen pequeño, pero de cualquier modo hubiera sido el triunfador. Siendo así, Felipe Calderón se convierte en un presidente ilegítimo de origen. A esto es a lo que lo condujeron las estrategias de la guerra sucia desatada por sus asesores Yunquistas. Pero a estos últimos no les importa la forma en la cual conservarán el poder. Lo único que les importa es conservarlo, y esto ya lo demostraron con creces.

Veamos algunas de las ilegalidades que se pueden citar y que en una elección sumamente apretada seguramente contribuyeron en forma decisiva a darle el triunfo por escaso margen a Felipe Calderón, el candidato de la ultraderecha, en unos comicios en los cuales ya desde antes se tenían las sospechas de que se estaba preparando un fraude electoral por la forma tan sucia en la que se estuvo conduciendo el candidato de "las manos limpias" apoyado por la misma Presidencia de México en lo que ha sido calificado ya como una elección de Estado:

(1) En plena veda electoral, cuando era ilegal para los partidos políticos el andar transmitiendo mensajes con contenido político, una atribución legal exclusiva de ellos y de nadie más, el Consejo Coordinador Empresarial -infiltrado en sus estratos superiores por gente afín a los intereses de la extrema derecha Yunquista- estuvo transmitiendo sin cesar a través de los medios de comunicación propaganda en la cual estuvo sacando la imagen del Presidente venezolano Hugo Chávez, junto con las imágenes de tanques militares y las imágenes de cadáveres regados en las calles de Venezuela. Y como ya anteriormente el PAN había denunciado a López Obrador de estar recibiendo apoyo del Presidente Hugo Chávez, el mensaje era tan claro como directo: "Si votas por López Obrador, esto es lo que va a suceder en México", atizando enormemente el miedo en los electores mexicanos al igual que como lo hiciera Hitler cuando usurpó los procesos democráticos alemanes para poder llegar al poder. ¡Y después de estar transmitiendo ilegalmente estos mensajes por televisión, el mismo Consejo Empresarial al ver la consumación del golpe del Yunque en contra de López Obrador empezó nuevamente a transmitir mensajes, pero en esta ocasión llamando a todos a respetar (¿?) los resultados de la elección y a apoyar al candidato ganador (Felipe Calderón). En esto último, están plenamente conscientes de que un Felipe Calderón que ganó por un margen minúsculo recurriendo a una guerra sucia y a prácticas ilegales puede asumir la Presidencia con una credibilida y una respetabilidad nulas; y por ello la urgencia que tienen de que ahora sí se "hagan las paces" y que todo quede olvidado como si nada hubiera sucedido.

(2) Ya se había mencionado previamente que con la manipulación de los resultados electorales se trataría de infundir la inevitabilidad de un triunfo anticipado de Felipe Calderón. Normalmente, en una contienda muy cerrada, conforme van llegando los resultados se espera que la delantera vaya pasando alternadamente de un candidato a otro hasta que la irse contabilizando los resultados el ganador final se irá perfilando con las tendencias a su favor. Pero todo México fue testigo de que cuando los resultados del PREP (Programa de Resultados Preliminares) del IFE empezaron a llegar, desde un principio Felipe Calderón recibió y mantuvo hasta el final una delantera sobre López Obrador. Sin embargo, cuando el conteo de la votación se empezó a llevar a cabo de acuerdo con las mismas actas electorales, López Obrador desde un principio mantuvo una ventaja todavía hasta que se llevaba más del noventa por ciento de los votos computados. Una explicación a esto sería que, ya de antemano, los capturistas de datos en el PREP -entre los cuales habría muchos laborando desde dentro del IFE en forma encubierta a favor de Felipe Calderón- deliberadamente le estuvieron dando entrada primero a los datos de las casillas en las cuales Felipe Calderón había obtenido mayoría relegando el capturar los datos correspondientes a las casillas en las cuales había ganado López Obrador, creando con esto una delantera constante que desde un principio favoreció al candidato del PAN en los estados en los que por la diferencia en los husos horarios las casillas electorales aún no cerraban. Veamos lo que nos tiene que decir sobre esto el destacado analista norteño Luis Javier Valero Flores en su editorial publicado el 6 de julio del 2006 en el periódico EL DIARIO bajo el título "Albazo Frustrado":

Aún con el Jesús en la boca, pues al momento de enviar a prensa las presentes notas, la diferencia entre López Obrador y Felipe Calderón, en el cómputo distrital, era tan pequeña que no se podía establecer con seguridad quién es el triunfador de las elecciones del domingo anterior, se hace necesario reflexionar, así sea con la premura y los escasos momentos que permiten los acontecimientos de esta accidentada elección presidencial.

Puede, incluso, resultar triunfador el panista Felipe Calderón (al momento que se lea el presente artículo es probable que ya exista una cierta certidumbre sobre ello), pero lo realizado por su partido - y otras fuerzas - hasta ahora es verdaderamente execrable: Intentó dar un albazo y hacerse de la Presidencia de la República por uno de los peores modos.

El de dar un ‘golpe de mano’, con ayuda, desgraciadamente, del IFE y declararse ganador de la elección presidencial, usando como eje central del pronunciamiento las cifras amañadas del Programa de Resultados Preliminares (PREP).

A estas alturas no queda duda (y las evidencias inundan el espacio cibernético) que ese programa fue diseñado para evitar a como diera lugar la aparición, en algún momento, que el perredista podía ir adelante en el recuento de los votos hecho por el PREP.

Si a la información ofrecida por cientos de ciudadanos que tuvieron la precaución de fotografiar (gracias a esos aparatos del demonio que son los teléfonos celulares) los resultados publicados en el exterior de las casillas y compararlos con los aparecidos en el PREP, ahora le sumamos que durante prácticamente todo el cómputo distrital la ventaja le correspondió a López Obrador se puede llegar a la conclusión de la aberrante manipulación del programa estrella del IFE.

Les falló por una sola y sencilla razón que los altos mandos panistas y la presidencia de la república ya sabían desde antes del día de las elecciones: López Obrador tenía las mayores posibilidades de ganar la elección.

Ante ese hecho incontrovertible, montaron un operativo mediante el cual se declararían ganadores con base en los resultados del PREP (a falta del conteo rápido del IFE) y con ello motivar una cascada de apoyos, nacionales e internacionales, que pondrían en grave entredicho las afirmaciones de los perredistas, y cuando éstos citaran a las previsibles movilizaciones sociales, tendrían todos los argumentos necesarios - y el clima social adecuado - para desestimar los argumentos de los violentos perredistas y ¡colorín colorado!

No contaron con un factor esencial: la indudable autoridad moral de López Obrador.

Cuando éste preguntó públicamente por la falta de 3 millones de votos y cuestionó severamente la validez y certeza del PREP, - ¡a parir chayotes! - los panistas negaron tal afirmación y luego el mismísimo Consejero Presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, debió reconocer, primero, que no eran 3 millones, sino ¡3 millones 400 mil votos contenidos en actas con inconsistencias! A continuación, el Director del PREP le enmendó la plana a Ugalde y afirmó que no era ninguna de las dos cifras, sino 2 millones y medio.

Y hasta dio los resultados de esos votos en actas ‘con inconsistencias’.

En ellas, Felipe Calderón obtuvo la tercera votación (en números cerrados, 740 mil votos, por 803 mil de Madrazo y 880 mil de López Obrador) ¡Maravillosas casualidades! Primero esos votos no se podían contar por estar en actas ilegibles que, luego, ante la denuncia perredista, se hacen casi inmediatamente legibles.

¿Por qué razón, en la larga noche del domingo, el IFE no nos informó que se abriría un apartadito con las inconsistencias?

Esa pregunta no es un misterio insondable. Por el contrario, formaba parte de una muy bien tramada conjura contra la vida democrática del país, la misma que no ha quedado circunscrita a tan lamentable intento; por doquier empiezan a aparecer evidencias de las maniobras que creímos superadas cuando la sociedad mexicana combatió ejemplarmente al fraude electoral que el partido de Estado, en aquel entonces el PRI, usaba como el mejor mecanismo para mantenerse en el poder.

La alteración de cifras en los cómputos de casillas, el intencionado traslado de votos nulos a Felipe Calderón en no pocas casillas (como en los escasos casos en los que se abrieron los paquetes electorales como en los distritos 06, - en el cual se abrió una urna, con 50 votos no contados a favor del candidato de la Coalición Por el Bien de Todos.

De igual modo, en el 08, un voto no contado al perredista y en Juárez, en otro paquete electoral abierto en el que no se le habían contabilizado 50 votos más a favor de AMLO) la rasurada selectiva del padrón electoral, la manipulación del PREP, el uso patrimonial de los programas sociales, las urnas repletas de votos halladas el martes por un ciudadano en el municipio de Nezahualcóyotl, las inverosímiles tendencias registradas en la actualización del PREP durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, y la súbita aparición de 2 millones y medio de votos colocados por el IFE en el "archivo de inconsistencias" son datos, escalofriantes, de una operación de Estado para vulnerar gravemente la decisión ciudadana.

Si finalmente el panista Felipe Calderón se alza con la mayoría de votos, lo hará montado en los peores instrumentos y prácticas del viejo régimen que hoy se empeña en perpetuar y lo hará mediante el mecanismo más repudiado por los mexicanos: El fraude y la manipulación electoral.

De ganar López Obrador, lo habrá hecho a pesar de todo lo anterior, incluido el desafuero.

Por todo lo anterior, levanta más que suspicacias la oposición del PAN y del IFE a revisar voto por voto toda la elección ¡Qué rápido se les olvidó a los demócratas luchadores del PAN que en todos los casos que arguyeron fraude en las elecciones anteriores, cualesquiera que fueran, exigieron la apertura de los paquetes electorales para contar "voto por voto"!

Cuando ellos exigían se practicara esa medida, el PRI se oponía porque, argumentaba aquel partido de Estado, abrir los paquetes electorales era "contra la ley". Cosas veredes.

Por si faltaran argumentos, ayer, Raúl Carrancá y Rivas, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expuso que hacerlo no viola la legalidad y, por el contrario, tiene pleno respaldo constitucional pues eso le daría, dijo, "certidumbre jurídica" a los electores acerca de quien fue el verdadero triunfador de las polémicas elecciones del domingo.

En el momento de cerrar estas líneas se empezaban a dar las primeras manifestaciones en favor de López Obrador. Tienen una sola consigna: No al fraude electoral.

Ojalá, ojalá haya racionalidad en quienes intentaron dar el albazo y truncar la accidentada y prolongada transición democrática de México.


(3) También hubo ilegalidades al estilo del viejo PRI, todas ellas cometidas en contra del candidato del PRD, ninguna en contra del candidato de la ultraderecha Felipe Calderón. Estas irregularidades llegaron a grado tal de que la organización estadounidense Global Exchange eventualmente puso en tela de duda la actuación del Instituto Federal Electoral (IFE), desde su conformación, considerando que el IFE llegó "debilitado y sin credibilidad" a los comicios del 2 de julio. El coordinador general de Global Exchange para vigilar la transparencia de los procesos electorales en México, Ted Lewis, afirmó que la población mexicana percibía que el IFE "favoreció al partido político que está en el gobierno", y denunció la persistencia de prácticas del pasado, como la compra y coacción del voto, que provocaron un proceso "lleno de anomalías" que hace necesario contar voto por voto para evitar un resultado cuestionado, que debilite a cualquier gobernante entrante.

(4) Como primer ejemplo típico de las anomalías que podemos mencionar, empezaremos con un caso denunciado el 5 de julio del 2006 en la ciudad de Chihuahua, una urna con 40 votos de más a favor de Felipe Calderón. Se trata de la casilla de la sección 456 instalada en la avenida Independencia 2203 de la colonia Centro. La apertura de la urna identificada como 456 básica fue una de las pocas urnas que se autorizó abrir por la asamblea distrital del IFE encabezada por el consejero presidente Rogelio Villalobos Aragón. En las cifras proporcionadas por el Programa de Resultados Preliminares en esta sección Calderón obtuvo 194 votos, Roberto Madrazo un total de 74 y 46 sufragios a favor de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, durante el conteo de votos -por parte de los consejeros distritales- se encontró que Calderón Hinojosa sólo tenía 154 votos, es decir, 40 menos de los registrados en el acta. ¡Alguien mintió deliberadamente inflando los resultados para favorecer a Felipe Calderón! Y se repite, que esto ocurrió en una de las pocas urnas cuya apertura fue autorizada en la ciudad de Chihuahua. Aunque los panistas chihuahuenses reaccionaron de inmediato asegurando que se trataba de un caso aislado, se tiene la sospecha fundamentada de que de haberse llevado a cabo un conteo voto por voto en otras urnas el "caso aislado" se habría empezado a multiplicar, siempre favoreciendo al candidato oficial.

(5) Mencionaremos otra ilegalidad al estilo del viejo PRI cometida en contra de López Obrador, de muchas otras que ya se sabe que se cometieron en las elecciones presidenciales del 2006 para favorecer a Felipe Calderón. Esta ilegalidad fue denunciada por el mismo Andrés Manuel López Obrador, quien presentó copias de 35 casillas duplicadas de los distritos 13, 8, 11, 16 y 12 de Jalisco, favorables al candidato presidencial del PAN y también presentó una en el estado de México en la que le restaron a López Obrador 100 votos en el PREP, pues mientras en una fotografía de la sábana López Obrador tenía 188 votos, en la página del IFE tenía 88. ¡Y todavía así, desde un principio, el Consejero Presidente del IFE Luis Carlos Ugalde estuvo saliendo en los medios afirmando que no había ninguna posibilidad de que sucedieran cosas como las que aquí se enuncian!

(6) ¿No es suficiente lo que ya se ha mencionado? Mencionaremos pues otra ilegalidad al estilo del viejo PRI cometida en contra de López Obrador. Se trata de varios paquetes electorales que fueron encontrados en un basurero. Por lo menos diez urnas, así como diversas actas de escrutinio, aparecieron tiradas entre cerros de basura, en el municipio de Nezahualcóyotl, estado de México. De acuerdo a los primeros informes policiales, papelería electoral, así como urnas, mamparas y actas de escrutinio, fueron encontradas en el Bordo de Xochiaca en medio de la basura. Según las primeras investigaciones, la papelería encontrada pertenecía a las casillas 3526, 3520 y 3053, referentes al proceso electoral del 2 de julio, y en todas ellas se marcaba una ventaja del PRD. El subdirector de Seguridad Pública en Nezahualcóyotl, Leopoldo Morantes, señaló que recibieron una llamada de vecinos para reportar que en los tiraderos del Bordo de Xochiaca, a la altura de la colonia Villada, había entre la basura papelería electoral. Añadió que elementos policiacos se presentaron al lugar y acordonaron el área, donde se detectó que había mamparas, urnas vacías y desarmadas, así como las casillas y portafolios donde se deberían llevar las actas de escrutinio al final del proceso electoral. Morantes dijo que había por lo menos diez urnas en medio de la basura, así como actas de escrutinio, por lo que se decidió acordonar la zona y solicitar la intervención de la Procuraduría

(7) Los casos anteriores han sido calificados por los panistas como casos aislados y esporádicos que no tendrían un peso significativo en el resultado final. Pero los hechos señalan lo contrario, porque estos "casos aislados y esporádicos" parecen haber sido mucho más extensos de lo que la mayoría de los mexicanos suponen, y en una elección tan cerrada serían suficientes para empatar o inclusive revertir el triunfo que le fue dado a Felipe Calderón. Ya para el 5 de julio del 2006, Andrés Manuel López Obrador, el candidato presidencial de la Coalición "Por el Bien de Todos", denunció que había alrededor 50 mil casillas en las cuales el número de votos reportados era mayor que el padrón de ellas. Si tan sólo se encontrasen cinco votos adicionales en cada una de esas casillas emitidos a favor de López Obrador, esto daría un total de 250 mil votos adicionales para el candidato del PRD, suficientes para revertir el resultado final dándole el triunfo a López Obrador. La terca oposición del PAN y su operador Yunquista Manuel Espino de que se lleve a cabo un nuevo conteo voto por voto sólo aumenta las sospechas de que ellos saben algo sucio sobre el triunfo de Felipe Calderón que no quieren que el pueblo de México sepa.

(8) Se sabe ya que hubo injerencia extranjera de todo tipo para apoyar al candidato de la ultraderecha Felipe Calderón. En otros países, en una contienda cerrada, esto sería razón más que suficiente para anular las elecciones y llevar a cabo una segunda ronda.

En lo que seguramente fue parte prevista de un plan cocinado desde hace varios años para lo que ocurriese después del proceso electoral, los mismos medios de comunicación y los comentaristas que ahora están llamando "a la concordia y a la unidad" (en torno a Felipe Calderón, naturalmente) se han abstenido de mencionar cualquiera de las irregularidades que arriba están asentadas. De hecho, hay muchas otras irregularidades que se podrían mencionar, pero si con las que ya se han citado no basta para poner en tela de duda el proceso electoral del 2006, ni siquiera tiene caso perder el tiempo ampliando la lista.

En su editorial "Desafío: de la vieja cultura" publicado el 6 de julio del 2006 en diversos medios, el conocido escritor y analista político Rafael Loret de Mola expone lo siguiente en torno a la nueva cultura del fraude que se percibe por doquier con la proclamación de Felipe Calderón como Presidente de México:

El escepticismo de la ciudadanía en materia política tiene su asiento, claro, en la resistente, vieja, cultura del fraude. Como derivación de ésta, claro, la composición del Legislativo se ha complicado de tal modo que resulta ahora uno de los mayores candados contra la gobernabilidad. Y también se explica por lo mismo la inclinación colectiva por la sospecha aun cuando los difusores oficiales hablan de limpieza democrática para validar las tareas del árbitro electoral en estos álgidos momentos de la vida institucional del país bajo el efecto de unos comicios competidos y, en apariencia, hoy estancados.

Desde luego, debe separarse la solidez institucional de la torpeza de quienes integran al Instituto Federal Electoral en el presente y que, por cierto, no fueron avalados por la fracción parlamentaria del PRD que encontró en sus perfiles diversas conexiones con la tendencia continuista. No hubo mayor debate al respecto porque, sencillamente, las coincidencias entre priístas y panistas dieron buen cauce a las designaciones. A partir de entonces, el consejo general del organismo, y sobre todo su presidente Luis Carlos Ugalde, no han dejado de dar traspiés muy a pesar de los avances cibernéticos y las tantas armaduras destinadas a blindar la vía electoral contra los viejos vicios del "pasado" y los antídotos que contrarrestan a los correctivos ideados.

Por ejemplo, la decisión de Ugalde de no dar las tendencias registradas la noche del domingo, como se esperaba, dio paso a un sinfín de especulaciones sobre las presiones que estaría recibiendo por parte de las fuentes del poder central, más aun cuando se tuvo conocimiento de la postura del presidente Fox quien, sin rubor, llamó al consejero presidente para pedirle "prudencia" en el sentido de guardarse la información recabada - acaso porque no favorecía a la causa de la continuidad -, hasta que los escrutinios fueran definitorios.

No puede negarse un símil con cuanto sucedió en 1988, el año del último de los grandes fraudes electorales, cuando comenzaron a captarse los votos de las regiones en donde iba adelante el opositor, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, al grado de que debió interrumpirse el conteo produciéndose la célebre "caída" del sistema de cómputo. Con la lección aprendida fue por demás curioso observar que la base de datos del IFE se nutrió, de inicio, con los resultados de las casillas en donde la derecha sumaba al punto de haberse exhibido una insostenible ventaja de más de seis puntos a favor del candidato panista. Los mismos vicios con mejores antídotos, desde luego.

La vieja cultura se perfila sobre el presente mexicano como efecto de las deformaciones políticas. Por algo se insiste en que, en las entidades dominadas por Acción Nacional, los papeles se han cambiado y ahora los panistas se comportan como otrora lo hacían los priístas obcecados para quienes la única garantía de estabilidad surgía del imperativo de que ellos conservaran el poder real al costo que fuese; así ahora en los feudos de la derecha fundamentada en la doctrina de la continuidad como esencia de equilibrio aunque con ello se niegue la dinámica social y se pretenda marginar el alma liberal de millones de mexicanos.

Por lo anterior, claro, los riesgos están latentes y no puede hablarse, como hemos repetido, de un avance democrático cernido a una nueva civilidad política.

No es extraño, por tanto, que la sociedad se haya vuelto escéptica y desconfíe de las ofertas gubernamentales aun cuando éstas provengan de quienes suelen darse golpes en el pecho para aparecer en público como arcángeles vestidos de rancheros. Y en tal perspectiva se inscribe la persistencia de las sospechas sobre la posibilidad de que sigan dándose los fraudes comiciales aun cuando los observadores del exterior, como los ingenuos representantes de la Unión Europea, consideren imposible un escenario así.

Es claro, desde luego, que la estructura del IFE aunada al proceso de maduración de la sociedad en su conjunto se separa de los pantanos del pasado que pudieron crecer como efecto del proverbial conformismo general. Pese a ello, las tentaciones perviven y algo más: en no pocas regiones del país, marcadas por la resistencia de los cacicazgos - priístas, panistas e incluso perredistas -, la confabulación de los poderes estatales con los órganos electorales es tan amplia como descarada. Y ello, por sí, niega la perspectiva inmaculada que pretenden vendernos como resultado de una feliz alternancia en 2000.

El IFE, no lo olvidemos, surgió hace quince años bajo la férula de la administración salinista y como consecuencia de un imperativo: ganar la legitimidad política, sobre todo con el propósito de impactar a los observadores del exterior, que el usurpador, Carlos Salinas, no había obtenido en las urnas. De aquel fraude monumental también la derecha política y sobre todo quien fuera su abanderado, el histórico e inolvidable Don Manuel Clouthier del Rincón - ¡cómo hace falta su espíritu! -, tuvieron pruebas amplias y precisas ahogadas después bajo una cascada de negociaciones soterradas.

Con este antecedente no puede hablarse de líneas inmaculadas aun cuando sean evidentes los avances en materia de controles y candados dispuestos para evitar la alquimia y cuanto deviene de ésta en materia comicial. Ni siquiera la proverbial amnesia de los mexicanos alcanza para despejar las cercanas experiencias fraudulentas ni, mucho menos, superar los conocidos traumas históricos.

Pero, insisto, una cosa es la solidez de la institución y otra muy distinta los pasajeros huéspedes de la misma. Y éstos, comenzando con Ugalde, han demostrado no sólo una evidente ineficacia en su comportamiento sino, además, no niegan la cruz de su parroquia bajo la cúpula azul de las negociaciones "necesarias". Las componendas marcan pautas y siguen señalando líneas.

Como no es dable creer por decreto en la limpieza institucional, sobre todo porque los actores políticos son cambiantes y no siempre ofrecen los perfiles adecuados, las sospechas van creciendo de tono en el complejo presente mexicano en el que, por cierto, se tiene la sensación de un deplorable retroceso en cuanto toca a la democracia.

La declaración de victoria de Felipe Calderón, tan ansioso como su adversario Andrés Manuel López Obrador - es difícil a estas alturas precisar quién tiene la razón aun cuando pesan, sobremanera los señalamientos formulados por el segundo respecto al evidente desaseo del PREP y de sus conductores desde el IFE -, fue saludada con beneplácito por Roberto Campa, el esquirol al servicio de Elba Esther Gordillo, y en menor tono por el derrotado Roberto Madrazo quien sólo sirvió para darle una paletada más al moribundo priísmo en su perspectiva general.

¿Tales adhesiones no son, cuando menos, sospechosas? ¿Acaso no significan, por una parte, la validación del corporativismo caciquil refugiado en la figura del presidencialismo autoritario y, por la otra, la exaltación de las negociaciones debajo de la mesa para obtener el oxígeno necesario para que un partido, el PRI, no sucumba políticamente tras su segunda derrota nacional?

Al responder afirmativamente no tendremos más remedio que observar la mutación de los panistas distinguidos, Fox y Calderón, convertidos en los relevos históricos del viejo concepto de la institucionalidad caciquil.


Y en su editorial de seguimiento publicado al día siguiente (7 de julio del 2006), el mismo Loret de Mola agrega lo siguiente:

Los votos "perdidos", los otros contabilizados tardíamente por obra y gracia de las "inconsistencias" que se despejaron por obra de magia en cuanto el IFE fue exhibido por su ausencia de rigor estadístico, las actas de escrutinio halladas en los basureros, los testimonios acerca de que en las comunidades rurales de Guanajuato, Jalisco y Yucatán, se dieron más votos que votantes en ausencia de la población masculina que debe laborar en los Estados Unidos para mantener el espejismo de la estabilidad social, las inducciones descaradas desde el poder y la imposibilidad de conocer, en tiempo oportuno, al vencedor de la lid presidencial, confirman un escenario turbulento, indeseable por supuesto, muy ajeno al ideal democrático.

Los informes se contraponen, también las denuncias. Lo que no es dable ocultar, insisto, es lo evidente: la reacción del IFE cuando señaló hacia tres millones de votos extraviados, si bien "sólo" se reconocieron dos millones 581 mil, exhibe la vulnerabilidad del árbitro y su comportamiento tendencioso; esto es, se ocultaron las cifras de las casillas en donde el PAN, el partido gobernante, ocupó la tercera posición entre las preferencias electorales, incluso atrás del desvencijado PRI.

Igualmente comienzan a surgir señalamientos contundentes sobre la malsana aplicación de las antiguas y arraigadas fórmulas alquimistas, tan deplorables ayer y hoy, que se fundamentan en el manejo casi gremial de las comunidades rurales despobladas, porque los varones con credencial de elector andan labrando las tierras del sur estadounidense en su mayoría, y en la aplicación grotesca de escrutinios en donde, casi mágicamente, aparecen muchos más votos que votantes. Revísense, por ejemplo, las estadísticas de Guanajuato en donde, además, en las elecciones estatales, el candidato panista a gobernador alcanzó el exultante 60 por ciento de las preferencias comiciales, un nivel lejano al logrado antes por aspirantes más carismáticos. Y del mismo modo podríamos desmenuzar los comicios municipales con tendencias grotescamente similares a pesar de que los momios, antes de la justa dominguera, marchaban a la par entre panistas y sus adversarios. Bueno, digo, así se percibía fuera de las encuestas realizadas por el diario financiado por el gobierno.

Los mismos vicios.


Tras este editorial, Loret de Mola dá un tercer seguimiento, el 8 de julio del 2006, en el que agrega:

Salvo los incondicionales de la causa de Felipe Calderón Hinojosa quienes alegan que, en todo caso, éste será un "buen presidente" - es dable esperarlo por su necesidad de legitimarse en el ejercicio del poder -, buena parte de los 41 millones de electores que concurrieron a las urnas el pasado domingo 2 percibe que estamos a la vista de un fraude monumental, maquinado desde las fuentes del poder central para trocar la voluntad mayoritaria y asegurar la continuidad política. Las evidencias al respecto son múltiples y acaso bastante más claras que las registradas en las deplorables épocas del priísmo hegemónico.

La crónica de algunos sucesos, a partir de la asunción de (Luis Carlos) Ugalde a la presidencia del Consejo General del IFE, podría confirmar los nexos inconfesables que, por sí, restan toda autoridad moral en el personaje central de la larga trama de los cómputos infectados por visiones parciales y tortuosas tales como, entre otras, "esconder" tres millones de votos en principio para acreditar, de hecho, una ventaja que se veía "irreversible" a favor del abanderado del PAN, Felipe Calderón.

Ugalde, para comenzar el relato, se matrimonió el año pasado como lo hacen tantos listos a cuidar su imagen de las malquerencias y los rumores. Lo hizo, además, con Lía Limón García, hija de Miguel Limón Rojas, ex secretario de la Reforma Agraria, primero, y de Educación, después, durante la administración de Ernesto Zedillo, el gran simulador. Además, Don Miguel siempre fue uno de los más frecuentes contertulios, para muchos también uno de sus principales operadores, del legendario Fernando Gutiérrez Barrios.

El caso es que, antes de consumar los esponsales, Ugalde recibió una de las extrañas prerrogativas a favor de los consejeros del IFE: un "bono matrimonial" por 250 mil pesos destinado a aligerar las cargas del inicio de su nuevo estatus social y dar con ello la tranquilidad necesaria para que los beneficiarios no dejaran de concentrarse en sus tareas primordiales de cara a los comicios federales bajo su rectoría. Cobró, pues, Ugalde... y se divorció a los seis meses.

Una boda nos lleva hasta los lindes de la presunta complicidad política. ¿Quiénes fueron testigos sobresalientes de los esponsales entre Luis Carlos y Mariana? Nada menos que Felipe Calderón Hinojosa y la poderosa, inquieta y negociadora maestra Elba Esther Gordillo, la principal enterradora del PRI, su partido de origen.

¿Es razonable que el señalado como árbitro electoral, sin pudor alguno, estrechara cercanías con quien sería candidato presidencial y con la maestra resistente, cobijada por la residencia oficial de Los Pinos y sobre todo por su maniobrera amiga Marta, convertida en uno de los factores predominantes - no se olvide el episodio de los maestros en Oaxaca - de la contienda comicial?

En 1991, Vicente Fox Quesada, candidato del PAN al gobierno de Guanajuato, reclamó su victoria sobre las constancias oficiales que erigían vencedor al priísta Ramón Aguirre Velásquez. Con tono encendido, Vicente, el de las botas, exigió la apertura de los paquetes electorales para "limpiar" los comicios de sospechas.

La puja fue de tal modo determinante que Aguirre, señalado como gobernador electo por el Congreso local, optó por no tomar posesión dejando el sitio al interino, Carlos Medina Plascencia, panista claro, cuya función fue la de proveer de mejores condiciones a su causa, esto es para que Fox llegara a la gubernatura cuatro años más tarde.

Fueron Fox y el PAN los que, en justa demanda democrática, forjaron el antecedente y señalaron una vía para dirimir los explicables enconos políticos bajo el peso de la imposición desde el poder central. ¿Por qué, entonces, pasado el fragor de la conquista de la Presidencia, a seis años de la victoria de la primera alternancia que tantas esperanzas generó, ahora consideran, el PAN y Fox, "ilegal" la apertura de los paquetes como si tuvieran prisa por poner un artificial punto final sobre la senda de las maquinaciones inmorales?

Ante las sospechas fundamentadas de lo que parece haber sido un fraude a escala nacional en el cual por un escaso margen porcentual se le entregó la Presidencia de México a Felipe Calderón, la única forma de limpiar y transparentar el proceso electoral consiste en abrir todas las urnas contando nuevamente cada voto, voto por voto. No queda otra vía para limpiar el proceso electoral definiendo al verdadero triunfador. Inclusive el "New York Times" dejó esto en claro en un editorial suyo publicado el 7 de julio del 2006, en donde defendió la petición por un recuento voto por voto en las elecciones mexicanas. En relación a esto mismo, el líder nacional del PRD Leonel Cota Montaño, amenazó con desconocer los resultados finales del cómputo si el Instituto Federal Electoral insistía en negarse a la apertura de los paquetes como lo hizo desde un principio, asentando: "No podemos reconocer un proceso que representa graves líneas fraudulentas, de un desafortunado fraude, un proceso viciado de origen y manipulado de origen por el grupo en el poder. Lo digo con toda claridad: aquí hay una elección de Estado". Por su parte, Manuel Camacho Solís, el coordinador de las Redes Ciudadanas, quien acompañaba al líder perredista, reveló que el lunes 3 de julio del 2006, a las 17:00 horas, el Secretario de Gobernación, Carlos Abascal, se reunió con ejecutivos de los medios de comunicación para pactar la difusión de la idea de que Felipe Calderón era el triunfador de la contienda, diciendo: "El Secretario de Gobernación ha venido haciendo una operación política para legitimar esta elección y para someter a los medios de comunicación. Hace dos días, a las 5 de la tarde, el Secretario tuvo una reunión con los concesionarios de radio y televisión para darles esta orientación. Ayer él lo hizo público, que está llamando a los dueños de los medios para pedirles que cuando esté el resultado se diga que Calderón es el Presidente de México". (Nota: esto fue precisamente lo que ocurrió, tal y como denunció Manuel Camacho que iba a ocurrir.)

En su artículo del 6 de julio del 2006 publicado por la revista PROCESO bajo el título "El voto del miedo", el conocido editorialista José Gil Olmos nos dice lo siguiente sobre la frágil legitimidad con la cual Felipe Calderón se preparaba a ocupar la Presidencia de México:

Como en 1994, en esta elección volvió a operar el voto del miedo. Y como en 1988 vuelven a configurarse elementos de fraude, aunque en esta ocasión de manera más fina, pero igualmente condenable.

Hace 18 años cuando el PRI vio que perdía la elección frente a Cuauhtémoc Cárdenas, ocasionó la caída del sistema de cómputo y lo volvió a activar una vez que se tenía la certeza de que ganaría Carlos Salinas de Gortari. Para sellar el fraude se quemaron las boletas con la complicidad del PAN y, principalmente, del coordinador de ese partido en la Cámara de Diputados, Diego Fernández de Cevallos, quien desde entonces incrementó su fortuna extraordinariamente.

En 1994, tras la aparición pública del EZLN y el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y el PRI diseñaron una nueva estrategia electoral menos burda, pero basada en el miedo, en el temor a la violencia si se votaba por un cambio.

El resultado fue evidente: mantuvieron el poder.

Hoy, el gobierno de Vicente Fox y el PAN desde el poder, y como lo hicieron los priistas, repitieron la misma táctica de sembrar en la sociedad el miedo a la violencia y, como eje de su campaña, usaron al PRD y a su candidato Andrés Manuel López Obrador a quienes llamaron "un peligro para México". La intención de los panistas fue la misma que la de los priistas en aquel momento.

Hoy, los panistas, además de perfeccionar los sistemas de fraude, elevándolo al nivel cibernético, recibieron el apoyo del PRI, cerrando el círculo de las alianzas trazado desde 1988.

Entonces como hoy, el gobierno y su partido encontraron en la tecnología y en el miedo de la sociedad mexicana las formas más propicias para mantenerse.

Para ello se han utilizado a los medios de comunicación. Las pantallas de televisión y las estaciones de radio, así como las páginas de algunos periódicos y revistas, han sido lo portadores del mensaje que se introdujo en un sector importante de la ciudadanía caracterizada por su permisividad a la propaganda y la publicidad.

Lo ocurrido en 1994 y 2006 parecen un mismo reflejo, imágenes que se repiten en el mismo espejo.

Los gobiernos y sus partidos han explotado el creciente conservadurismo en la sociedad mexicana, su desinterés por informarse a fondo, así como el miedo que se tiene a los procesos de cambio para manipular los intereses electorales.

El miedo ha sido exacerbado irresponsablemente por el gobierno y sus aliados los empresarios con imágenes que no corresponden a la realidad. Y esta irresponsabilidad crece cuando se viene desde el poder porque se utilizan todos los medios habidos y por haber para clavar ese miedo en la conciencia social.

En 1994 como en 2006 permeó la idea de que la izquierda mexicana quería destruir lo alcanzado hasta el momento. No sólo eso: que si llegaba al poder crearía un caos de tal magnitud que estaba en riesgo la paz social. Cuauhtémoc Cárdenas fue en aquel año el "enemigo" y ahora lo es Andrés Manuel López Obrador, bautizado por el foxismo como "un peligro para México".

Ante esta evolución de las campañas políticas y del propio fraude que dejó atrás la "operación tamal" y el "ratón loco" para meterse al mundo cibernético y de los algoritmos, el IFE, como árbitro de los procesos electorales, ha sido completamente rebasado.

En estos 18 años, el instituto electoral ha tenido cambios que se esperaban serían definitivos para fortalecer el perfil neutro que necesita. De alguna manera, la imparcialidad se había conseguido al ciudadanizar completamente su integración mediante consejeros ajenos al gobierno y a los partidos políticos. Y también con la inserción de funcionarios con carrera en el área pública y especialistas en diversas áreas, entre ellas de cómputo.

No obstante, esto parece que se perdió con la última integración, pues los partidos políticos, especialmente el PAN y el PRI, se encargaron de elegir a los nueves consejeros, incluido el presidente del organismo, poniendo en entredicho su imparcialidad y neutralidad política.

El papel que el IFE ha tenido a lo largo del proceso electoral, permitiendo la intervención directa del presidente Vicente Fox y de los empresarios promoviendo el voto del miedo, ha sido cuestionado a pesar del apoyo del propio gobierno federal y de los panistas.

Al cierre de la calificación, el desempeño de los consejeros no ha ayudado a despejar las dudas de un proceso de por si complejo y polémico, sobre todo del presidente del instituto, Luis Carlos Ugalde, quien permitió el cierre del Programa de Resultados Preliminares (PREP), sin aclarar que faltaban por contabilizar tres millones de votos, haciendo creer que, para el domingo en la noche, Felipe Calderón, testigo de honor en su boda, ya era el ganador.

Hoy, cuando se cuentan los votos, el IFE y su presidente Luis Carlos Ugalde comprobaron su mala actuación, pues en el registro siempre fue arriba López Obrador hasta que, al final, se revirtió el porcentaje a favor de Calderón. Se comprobó que el PREP fue manipulado para hacernos creer que, desde el domingo, la elección ya estaba definida.

Ahora, el nuevo presidente de la República asumirá el poder cuestionado por la campaña sucia que utilizó para meterle miedo a la gente si optaban por un cambio de modelo económico por el uso del poder del gobierno a su favor y, sobre todo, por la parcialidad de las autoridades gubernamentales y electorales. Su legitimidad estaría puesta en duda y difícilmente remontaría este cuestionamiento de amplios sectores de la sociedad.

Como ya se dijo, el IFE cerró diligentemente la puerta a cualquier posibilidad de que se pudieran abrir las urnas iniciándose nuevamente un conteo escrupuloso voto por voto, dejándole al PRD como única alternativa el recurrir al Tribunal Federal Electoral. Pero si una mayoría de Magistrados en el Tribunal Federal Electoral (TRIFE) ya fueron sobornados o están siendo chantajeados, los reclamos de justicia del PRD ante el Tribunal están perdidos de antemano. Si estamos ante una elección de Estado con una manipulación y una planeación cuidadosa que llevó años en su preparación, en la que no se dejó ningún cabo suelto, entonces la posibilidad de que el asunto llegara ante el Tribunal Federal Electoral debió haber sido considerada con mucha anticipación. Y ciertamente la extrema derecha enquistada en el poder tiene amplios recursos para obligar a una mayoría de Magistrados del TRIFE a doblar la rodilla ante su poderío. Si tuvieron los recursos para investigar y descubrir todas las propiedades en el extranjero del candidato priista Arturo Montiel usando esta información para destruírlo políticamente, si tuvieron los recursos para estar grabando las conversaciones telefónicas privadas del Gobernador de Puebla Mario Marín, si tuvieron los recursos para videograbar al ex-jefe de finanzas del Distrito Federal Gustavo Ponce Meléndez, ¿por qué no habrían de usar los mismos recursos para estar espiando y vigilando de cerca a todos los Magistrados del TRIFE con el fin de encontrarles algo con lo que los pudieran chantajear? Si a un Magistrado se le presenta alguien que en una reunión privada le muestra la grabación de una conversación telefónica suya comprometedora, o una fotografía o inclusive un video en el cual el Magistrado se encuentra a solas en un hotel con una joven que no es su esposa, y se le amenaza con la divulgación de dicho material en caso de que se rehuse a colaborar con lo que se le pide, entonces tal Magistrado confrontado con la destrucción total de su carrera profesional no tendrá más alternativa que arrodillarse ante los nuevos amos de México. La única forma de quedar completamente inmunes ante chantajes de este tipo sería que todos los Magistrados del TRIFE (y esto aplica a todos los Jueces, Magistrados y Ministros de Justicia de México) se hubiesen comportado como unos santos a lo largo de todas su vidas sin incurrir jamás en nada que pudiese manchar su reputación, y siendo hombres al fin y al cabo esto sería pedir demasiado. Y la ultraderecha mexicana con tal de no perder el poder que conquistó con el ascenso de Vicente Fox a la silla presidencial ciertamente es capaz de recurrir a este tipo de chantajes y mucho más, porque aunque se proclaman devotos católicos no hay absolutamente nada que los detenga en su sed de poder y gloria. Fuera de los terroristas islámicos fundamentalistas (a los cuales admiran por su anti-judaísmo), los profetas mexicanos de la extrema derecha son lo más cercano que se pueda encontrar en este planeta a lo que muchos conciben en diversas religiones como Satanás.

Resulta muy irónico, por no decir una burla del destino, el que ahora el PAN esté jugando exactamente el mismo odioso papel que hace dos décadas tanto le criticaba al partido oficial de aquél entonces, el PRI, con motivo de las elecciones celebradas el 6 de julio de 1986 en el estado de Chihuahua en las que acusó despiadadamente al candidato oficialista a la gubernatura, Fernando Baeza Meléndez, de haber aplastado la democracia logrando su triunfo merced a un colosal y bien planificado fraude electoral con la ayuda del aparato del Estado. Veamos lo que dijo el periodista Francisco Ortiz Pinchetti en su artículo publicado en la revista PROCESO el 7 de julio de 1986. El lector podrá comparar este testimonio con lo que le está sucediendo al PRD veinte años después cuando el PAN, ya en el poder, pasó de víctima a victimario, cuando bajo la férula del Yunque le tomaron un gusto al poder por el poder mismo:

Gobernación Previó Hasta la Anulación de la Elección en Chihuahua

Chihuahua, Chih.- El más amplio, costoso y sofisticado operativo en toda la historia del partido oficial, fue montado en Chihuahua para ejecutar la decisión del gobierno federal de no entregar a la oposición esta entidad norteña, cueste lo que cueste.

El plan está encaminado centralmente a una "legitimación" del triunfo del Partido Revolucionario Institucional, así sea a partir de un monstruoso fraude electoral. Incluye acciones por realizarse antes, durante y después de los comicios que habrán tenido lugar este domingo 6 de julio.

Con el sustento de una ley electoral en sí misma fraudulenta, el operativo contempla maniobras legaloides previas a la elección, irregularidades en el transcurso de la votación, labores de alquimia electoral, férreo -y costosísimo- control de los medios de comunicación y un impresionante aparato represor para contener las reacciones de inconformidad, que se esperan virulentas.

También prevé la posibilidad extrema de una anulación de las elecciones, en el supuesto de que la participación ciudadana sea de tal magnitud y tan decidida que impida la consumación de un "legítimo" triunfo priista.

La estrategia general del operativo fue diseñada por la Secretaría de Gobernación, bajo la supervisión directa del titular de esa dependencia, Manuel Bartlett. Su ejecución está en manos de la misma dependencia, del gobierno del estado y del comité ejecutivo nacional del PRI, que encabeza Adolfo Lugo Verduzco.

Su amplitud y complejidad responden a las dificultades que el gobierno enfrentará en el candente "Caso Chihuahua", sin precedente también en las últimas décadas. La fuerza de una oposición desbordada, la decisión de la ciudadanía de organizarse y actuar en defensa de su voto y la inusitada atención de la prensa internacional sobre las elecciones en este estado, constituyen un reto que el sistema no había conocido en más de medio siglo.

La realidad chihuahuense, obliga a tácticas más elaboradas, que permitan presentar, con el aval de una prensa cómplice y domesticada, la "limpieza" del proceso electoral en el que triunfan los candidatos priistas.

Proceso conoció detalles de la organización interna del operativo, corroborados ya parcialmente por los hechos. También recabó informaciones aportadas por los organismos que integran el Movimiento Democrático Electoral (MDE) y constató directamente acciones que contemplan el montaje.

Dos años después de la consumación del fraude electoral en Chihuahua en 1986, fraude que el partido en el poder siempre negó, tendría lugar otro fraude electoral, el de 1988, el de la "caída del sistema", el cual también el partido en el poder siempre negó. Y al igual que en aquella ocasión, el partido en el poder (antes el PRI, hoy el PAN) se opone terminantemente a que se abran los paquetes electorales para que se lleve un conteo voto por voto, argumentando razones de carácter legaloide. Los paquetes electorales a fin de cuentas fueron quemados para que nadie supiera la realidad de lo que ocurrió. Y si bien ahora el PAN-Yunquista condena duramente la decisión de López Obrador de impugnar el resultado de la elección presidencial, los mismos panistas ya olvidaron que en 1986 ellos también impugnaron los resultados de aquellas elecciones, y fueron todavía más lejos, con marchas de protesta, movilizaciones ciudadanas, el cierre de carreteras y el bloqueo de los puentes internacionales, e inclusive convocaron abiertamente a la desobediencia civil como lo muestra el siguiente engomado repartido por millares para ser pegado en los carros:





junto con muchos otros actos de protesta que ciertamente ahora no están dispuestos a tolerar desde el poder cuando son llevados a cabo por una oposición que está luchando por la democracia y el respeto al voto. (Nota: Obsérvese la similitud del símbolo decorativo en la esquina superior derecha del engomado con lo que parece ser un ave, un ave azul. Es muy posible que de aquí se hayan inspirado quienes urdieron ese manual de técnicas sucias y golpes bajos atribuído a los ultraderechistas infiltrados dentro del PAN conocido como el Ave Azul para darle ese nombre al manual.)

Es importante agregar que, en Ciudad Juárez en 1986, entre los organizadores de esas protestas del PAN en contra del fraude electoral se encontraba un personaje que observaba y estudiaba con detenimiento las argucias utilizadas por el partido en el poder, quizá previendo que algún día tendría la oportunidad de recurrir a todo lo malo que estaba aprendiendo, sumado a los conocimientos en la ideología típica de la extrema derecha que ciertos individuos le estaban proporcionando ya a través del DHIAC: Manuel Espino.

Al partido oficial de hoy tampoco quiere que nadie le recuerde que, dada la naturaleza del sofisticado fraude electoral con el que se consumó la imposición de Fernando Baeza como Gobernador de Chihuahua, el Parlamento Europeo pidió la anulación de estas elecciones. En efecto, de acuerdo con la agencia noticiosa LEMUS, en Estamburgo, Francia, el 11 de julio de 1986, el Eurodiputado español Carlos Robles Piquera del grupo conservador de demócratas europeos, presentó un proyecto de resolución en el que se pidiera al gobierno de México la anulación de las elecciones en vista de las anomalías registradas. El final ya lo sabemos. El gobierno federal y el partido en el poder se opusieron terminantemente a la anulación de las elecciones, aunque el prestigio de México y la "legitimidad" del candidato oficial rodaran por los suelos. Lo importante en aquél entonces era conservar el poder, costara lo que costara.

De nueva cuenta, citaremos al editorialista norteño Luis Javier Valero Flores, quien en un artículo suyo titulado "¿A qué le temen?" publicado el 9 de julio del 2006 comenta lo siguiente:

Dos han sido las consignas del PAN en estos días. Rechazar la apertura de los paquetes electorales, y reforzar la percepción en la sociedad de que el proceso electoral ya terminó y existe un ganador.

No deja de asombrar el alto grado de intolerancia con el que simpatizantes, votantes, militantes y dirigentes de Acción Nacional reaccionaron a la decisión de López Obrador de impugnar el resultado de la elección presidencial.

Llama poderosamente la atención que el conjunto del panismo se haya opuesto tan terca y enérgicamente a que en los comités distritales se abrieran los paquetes electorales y contar, voto por voto, los emitidos por los mexicanos. La apertura y minuciosa revisión de los paquetes tendría otros objetivos, como por ejemplo, revisar que el número de votantes coincidiera con las boletas emitidas y la lista de electores; así como el que las boletas usadas, más las no utilizadas, coincidieran con las entregadas antes de la elección.

Pero oponerse tan resueltamente a la revisión de las urnas bajo el sambenito de que eso es "dudar de la actuación y honorabilidad de los funcionarios de casilla" le abrió anchas, muy anchas veredas a la suspicacia y a la percepción, en la mayoría de los votantes de López Obrador, a que el domingo anterior se practicó un fraude "hormiga".

Pero la negativa del panismo los llevaría, si hubiera congruencia, a que nunca, en ninguna elección futura, pidieran nuevamente la revisión de los paquetes electorales pues, como ahora argumentan, "los votos ya se contaron en las casillas".

Por mucho menos que lo hecho por el Presidente Fox, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló la elección municipal en Juárez, ya no se diga ahora cuando descarada, cínicamente, desde la Presidencia de la República se montó un operativo para evitar el triunfo del perredista.

Así, José Cárdenas, ante las declaraciones de un dirigente panista en las que se acusaba a los perredistas de creerse "dueños de la verdad", el locutor respondía -Así es. O las verdaderamente obras maestras de la agresión y la intolerancia del programa "Fórmula Financiera", o del programa de Juan Ruiz Healy, en el que acusaron, sin respeto alguno por la ética profesional, a López Obrador de ser un "mentiroso compulsivo", además de ubicarlo como un peligro para México, sin que la autoridad reguladora -la Secretaría de Gobernación, tan puntillosa en otros asuntos- hiciera algo por llamarlos a respetar la legalidad vigente en materia de comunicaciones.

De esa tensión que hoy sufren la mayoría de los blanquiazules da cuenta la irracionalidad con la que se condujo la representante del PAN ante el Consejo Local del IFE, Mayra Arroniz, quien realizó un inaceptable hostigamiento en contra de la consejera Rosa María Sáenz, sólo porque ésta exigió la apertura de los paquetes electorales, conducta que, dijo, denunciaría ante la fiscalía de los delitos electorales como si tener una opinión distinta a la de la representante panista fuera un delito de esa naturaleza.


He aquí algunas de las consecuencias (inmediatas, a mediano plazo, y a largo plazo) que se pueden esperar del triunfo -forzado- del candidato de la ultraderecha Felipe Calderón. El tiempo se encargará de decir cuáles se fueron cumpliendo:

  1. La distribución desigual de la riqueza en México acumulada desde los tiempos en que los tecnócratas neo-liberales llegaron al poder continuará acrecentándose a pasos agigantados. Los ricos se volverán más ricos y los pobres se volverán más pobres como estuvo sucediendo desde que el panista Vicente Fox tomó las riendas del poder, con la clase media quedando atrapada en medio.
  2. La extrema derecha continuará infiltrándose en los estratos superiores del gobierno federal penetrando hasta la médula lo que aún le faltaba de penetrar. Seguirá colocando a sus agentes en posiciones claves del gobierno desde donde puedan multiplicar el enorme poderío que ya ejercen tras las sombras.
  3. No habrá castigo alguno para el "cuñado incómodo" de Felipe Calderón por los enriquecimientos desmedidos que logró gracias a su tráfico de influencias bajo el sexenio de Vicente Fox. Las pruebas documentales que hubiera en su contra y que lo pudieran comprometer serán desaparecidas de los expedientes y quedará totalmente exonerado, listo para continuar enriqueciéndose a manos llenas ya como el cuñado del Presidente de la República, al igual que como lo estuvieron haciendo los hijos de la "primera dama" Marta Sahagún. ¿Alguien en la Procuraduría General de la República se atreverá realmente a investigar y a tocar al cuñado del Presidente de México? Claro que no. Por lo contrario, por los seis años que habrán de venir, el cuñado de Felipe Calderón podrá seguir enriqueciéndose a manos llenas como lo estuvieron haciendo los hijastros de Vicente Fox, los ahora multimillonarios hermanos Bribiesca Sahagún. Ninguno de ellos será tocado. De hecho, ninguno de los panistas que se enriquecieron a manos llenos durante el sexenio de Vicente Fox será castigado. Los seis años que durará Felipe Calderón como Presidente serán suficientes para que muchos de los delitos que se podrían haber fincado hayan expirado legalmente.
  4. La política exterior de México continuará supeditada a lo que el gobierno derechista de Felipe Calderón crea que pueda ser de mayor agrado para los Estados Unidos de Norteamérica. En este sentido, México seguirá perdiendo la ya de por sí poca independencia que tenía frente al gobierno norteamericano antes de que la extrema derecha ascendiera al poder.
  5. La desesperación en el campo crecerá al caer en la bancarrota total los campesinos mexicanos incapaces de competir bajo un desigual Tratado de Libre Comercio con el cual México será inundado con maíz americano a un costo sumamente bajo (en los Estados Unidos, el agricultor promedio es subsidiado con 20 mil dólares, mientras que en México el subsidio dado al agricultor promedio es de 100 dólares). Andrés Manuel López Obrador ya había dicho que pensaba incrementar los apoyos económicos gubernamentales a los agricultores mexicanos para ponerlos en igualdad de condiciones ante sus contrapartes norteamericanos, pero con Felipe Calderón esto ya no va a ocurrir.
  6. La desesperación de los campesinos será mucho más grave porque a partir del 2006 el gobierno norteamericano empezó el proceso de la militarización de su frontera con México y se está preparando ya para construír un muro fronterizo. Aumentará el número de indocumentados mexicanos muertos al tratar de cruzar el inhóspito desierto de Arizona, y cerrada esta válvula de escape no habrá ya ningún lado hacia donde pueda ir el medio millón de mexicanos que cada año se estaba yendo hacia los Estados Unidos. Sin un empleo en México, y sin posibilidades reales de poder emigrar como antes, la miseria aumentará en México y con ello la delincuencia originada por el hambre.
  7. A la vez que millares de mexicanos se estarán debatiendo en la miseria, los altos funcionarios del gobierno federal seguirán gozando de los mismos sueldos estratosféricos de que han estado gozando bajo Vicente Fox. López Obrador ya había anunciado sus intenciones de recortar drásticamente los sueldos de los empleados públicos situados en los mandos superiores, incluído el suyo propio, como lo hizo Evo Morales al tomar posesión de su cargo como Presidente de Bolivia. Pero esto ahora ya no ocurrirá bajo Felipe Calderón. Esto es algo que nunca prometió y que por lo tanto no tiene por qué cumplir. El boato y el dispendio de los altos funcionarios del nuevo gobierno federal panista continuará igual como si nada hubiera pasado.
  8. Había razones más que fundamentadas para suponer que bajo el sexenio de Vicente Fox se estuvieron utilizando los recursos investigativos del gobierno federal (principalmente los de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Gobernación a través del CISEN) para espiar y grabar a casi todos los funcionarios públicos emanados de otros partidos con la intención de dañarlos políticamente. Se dá por hecho que de aquí salieron casi todos los documentos, las conversaciones telefónicas y las videograbaciones que estuvieron siendo filtradas anónimamente a los medios de comunicación. Estamos hablando del desperdicio de cientos o quizá miles de millones de pesos, usados fuera de la ley para espiar a mexicanos con fines políticos. Cientos de miles de horas-hombre se podrían haber utilizado en estas actividades llevadas a cabo por el equivalente de una policía secreta para la cual fueron reclutados cientos o miles de agentes trabajando para el gobierno federal. Se daba por hecho de que al entrar López Obrador como Presidente de México se llevaría a cabo una extensa investigación sobre las dependencias públicas para determinar el grado de infiltración llevado a cabo en contra de ellas por gente actuando bajo las órdenes directas de gente afiliada a la Organización Nacional del Yunque, como también se daba por hecho que esta organización estaba desesperada ante la posibilidad de que tras un triunfo de López Obrador la extensión de sus espionajes llevados a cabo en contra del pueblo de México usurpando los recursos del gobierno federal quedaran expuestos claramente a la luz pública. Ahora esto ya no sucederá, y seguramente las evidencias que pudiera haber habido sobre estos operativos de espionajes están siendo destruídas. Con el ascenso de Felipe Calderón al poder, el cual está en deuda enorme con la extrema derecha mexicana, quedan pocas dudas de que los operativos de espionaje en contra del pueblo de México continuarán, quizá con mayor fuerza que antes. Ahora ya ningún mexicano, sobre todo aquellos metidos en la política, se puede considerar a salvo, y debe cuidarse porque en el momento en que menos se espera alguien lo está escuchando e inclusive lo está videograbando. Este es el nuevo México de Felipe Calderón. Es el México bajo el mando de la ultraderecha.
  9. Las relaciones diplomáticas con otros países seguirán igual de fracturadas o peor de lo que ya estaban bajo el régimen de Vicente Fox. Tomemos el caso de Venezuela. ¿Realmente espera Felipe Calderón que el Presidente Hugo Chávez le perdone por completo el haberlo estado exhibiendo como un payaso autócrata y sanguinario desquiciado por el poder, calificándolo como un grave peligro para Sud-América en los spots que se estuvieron difundiendo en México como parte de la guerra sucia? ¿Realmente espera que los venezolanos olviden la forma tan ruin en la cual se estuvo envileciendo en México la imagen de su Presidente en los canales de la televisión mexicana ligándolo al candidato izquierdista López Obrador en un contexto denigrante? Tomemos el caso de Cuba. La ultraderecha mexicana desde siempre se ha considerado a sí misma enemiga acérrima de todo lo que huela a izquierda y socialismo. Y bajo este tenor, ha formulado una guerra a muerte no-declarada en contra del Comandante Fidel Castro Ruz. Quien lo dude sólo necesita leer cualquiera de las muchas revistas "Réplica" publicadas en Guadalajara bajo la siempre vigilante mirada del "Teco" José Chávez Chávez. Y con la extrema derecha incrustada firmemente en el poder, ¿hay alguien que realmente crea que las relaciones de México con Cuba van a mejorar bajo Felipe Calderón? Con el Presidente izquierdista de Bolivia, Evo Morales, las cosas no van a estar mucho mejor. Y en lo que a otros países como Brasil y Argentina respecta, ¿con qué autoridad moral se puede presentar ante ellos Felipe Calderón cuando saben que ganó por un margen ridículo, y que ese margen de ventaja fue consecuencia directa de una guerra sucia en la cual no le faltó el apoyo del gobierno? Lo podrán tolerar cortesmente por mero respeto protocolario en las reuniones de jefe de estado, pero de esto a permitirle que trate de asumir un papel de liderazgo ante Latinoamérica hay un abismo insalvable, sobre todo cuando ya les llegó la noticia sobre las fuerzas ultraconservadoras neo-Nazis que estuvieron detrás del triunfo de Felipe Calderón que con su apoyo de hecho lo han debilitado en su estatura moral.
  10. Había razones fundamentadas para suponer que en el caso de los "Amigos de Fox" hubo un encubrimiento de operaciones ilegítimas de transferencias de dinero que le quitaron legitimidad al mandato de Vicente Fox, encubrimiento en el que necesariamente fue actor principal la Procuraduría General de la República, encubrimiento sostenido en los seis años en los que Fox fue Presidente de México. De haber entrado López Obrador a la Presidencia, lo más seguro es que al reabrirse el caso varios funcionarios allegados a Vicente Fox e inclusive quizá el mismo Vicente Fox podrían haber terminado en la cárcel. La continuidad del panismo con Felipe Calderón garantiza ya una total impunidad en este caso que no será reabierto por los próximos seis años, hasta el 2012, tiempo suficiente para que prescriban legalmente todos los delitos cometidos por los "Amigos de Fox" en el año 2000.
  11. En el estado de Jalisco, por lo menos por los seis años siguientes, el centro principal de operaciones de la extrema derecha en México, la Universidad Autónoma de Guadalajara, continuará magnificando sus operaciones y continuará graduando nuevos agentes "Tecos" a su servicio, con la protección absoluta que estará recibiendo para ello directamente de Emilio González Márquez, el panista aliado al Yunque quien ya como Gobernador se encargará personalmente de que nadie trate de tocar o investigar las denuncias que se pudieran poner en contra de la sociedad extremista neo-Nazi "Tecos" cuya dirigencia se mueve con extraordinario vigor tras los muros de la Autónoma de Guadalajara, urdiendo y maquinando sin cesar noche y día, siempre anticipándose a lo que puedan intentar hacer contra ella sus adversarios. Su poderío seguirá creciendo, a espaldas del pueblo de México. No hay ya nadie que pueda detenerlos.
  12. Siguiendo los consejos de sus asesores Yunquistas, en sus últimas dos semanas de campaña Felipe Calderón como candidato presidencial estuvo haciendo muchas promesas fabulosas a sabiendas de que la gran mayoría de ellas no podrían ser cumplidas por una sencilla razón: jamás dijo de dónde pensaba sacar las enormes sumas de dinero para pagar todo lo que estaba prometiendo. Muchos electores mexicanos mordieron el cebo con toda ingenuidad sin darse cuenta de la manera tan burda en la que se les estaba engañando. Este río de demagogia quedará expuesto en poco tiempo, pero de cualquier modo ya no les importa ni a Felipe Calderón ni al Yunque que el paso del tiempo los exhiba como mentirosos; ya lograron afianzarse en el poder.
  13. Toda la información que había en los archivos del CISEN (Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional) y en otras dependencias públicas como la PGR sobre organizaciones mexicanas de extrema derecha -como los "Tecos" y el "Yunque"- que el Secretario de Gobernación Salvador Abascal no alcanzó a destruír seguramente será borrada y desaparecida por completo bajo el sexenio de Felipe Calderón. Estas organizaciones siniestras no desaparecen. Lo que desaparece es la documentación que existía sobre ellas recabada por varias décadas. Detalles importantes acerca del nacimiento de la Organización Nacional del Yunque (nombres, fechas, lugares) desaparecen para siempre de todas las oficinas gubernamentales, y con ello lo poco o lo mucho que hubiera podido saberse para poder defenderse de la embestida que está siendo montada desde la clandestinidad por la ultraderecha en pos de sus propios intereses. México se encuentra ya indefenso ante ellos.
  14. El espionaje gubernamental de todas las comunicaciones de todos los mexicanos que se llevan a cabo por Internet se intensificará enormemente. Dentro de México, cualquiera que envíe algún correo electrónico en donde aparezca una palabra como "Yunque", "Tecos" o "ultraderecha" será rastreado y fichado de inmediato y será puesto en una lista especial de mexicanos que estarán bajo vigilancia continua. Estamos hablando del fin de cualquier privacidad que pudiera haber habido en las comunicaciones personales que tienen lugar a través de Internet. Si alguien no cree que esto sea posible, considere este ejemplo reciente de dos personas de nombre Sandra Moreno Anchondo y José Antonio Aguilar Rosas que fueron detenidos en la ciudad de Chihuahua por enviarle amenazas de muerte al Gobernador en dicho estado. No sólo se logró identificarlos plenamente, también se logró ubicar la dirección exacta del cibercafé desde donde estaban enviando sus correos, y hasta se identificó el teclado en donde dejaron sus huellas digitales así como todos los detalles de la cuenta de la cual estaban enviando los mensajes. Hasta sus cuentas de correo electrónico alternas fueron identificadas. Este es un ejemplo de un caso en el cual la tecnología fue usada correctamente para rastrear a un par de delincuentes. Pero la misma tecnología en manos equivocadas, en manos de gente ultrafanática con libre acceso a estos recursos, desata interrogantes y perspectivas terribles sobre cada mexicano que no esté de acuerdo con el modo de pensar de esta gente. En cierta forma, todos los mexicanos pueden empezar a sentir ya en carne propia el clima de desconfianza y terror en el que viven los alumnos de la Universidad Autónoma de Guadalajara que no han sido reclutados dentro de la sociedad secreta "Tecos", un ambiente en el cual ya nadie puede confiar en nadie. Es el clima de terrorismo policiaco de la UAG, pero extendido a todo México tras muchos años de paciente labor de reclutamiento, indoctrinamiento e infiltración.
  15. Aquellos miembros de la Organización Nacional del Yunque que tenían planeado denunciar las actividades políticas encubiertas de esta sociedad secreta en caso de que López Obrador llegara a la Presidencia de México se enfrentan ahora a una terrible disyuntiva: los cerebros que controlan al Yunque tienen todo el poder que pudieran haber ambicionado en sus manos; ellos controlan los principales estratos del gobierno federal, y su alcance se extiende ya por todo el territorio nacional. Exponerlos le puede costar a cualquiera su vida o la vida de sus familiares cercanos. De este modo, se cierra la principal fuente de información que se pudiera haber tenido para desenmarañar una madeja compleja que va creciendo al igual que un tumor canceroso.

No habrá ya otro candidato como López Obrador. Para el 2012, López Obrador será un opositor más avejentado que el candidato lleno de enjundia y vigor que fue en el 2006, y esto lo saben muy bien los cerebros que dán las órdenes dentro de los confines del Yunque. El PRD no tendrá otro como él en mucho tiempo. Por otra parte, el PRI pasó a ser la tercera fuerza política de México, y no tiene ya esperanzas de poder volver a ser lo que alguna vez fue, de poder ocupar nuevamente el primer lugar, no cuando dejó tantos malos recuerdos y sinsabores tras siete décadas con su monopolio ininterrumpido del poder.

La extrema derecha mexicana, asociada a los intereses del gran capital, contará de aquí en adelante con holgados recursos económicos para ahogar las modestas campañas que en el futuro quieran montar sus adversarios cuando la Presidencia de México esté en juego, las cuales serán una lucha desigual en la que sólo quedarán un PRD sin recursos económicos para pagar los costosos promocionales requeridos para contrarrestar la propaganda masiva contratada por el PAN en el poder, y un PRI disminuído que es ya un fantasma de lo que alguna vez fue. No se ve ya, ni a mediano ni a largo plazo, la forma en la cual México pueda expulsar a la ultraderecha Yunquista del poder. Y menos cuando la fanatización de sus juventudes con las torcidas idelogías de la extrema derecha continuará dándose sin punto de reposo.

México, ahora sí, firmemente en manos de la ultraderecha, sin esperanzas ni posibilidades inmediatas de poder desprenderse de la gente que lo está gobernando tras las sombras.

¡Pobre México! ¡En manos de quiénes vino a caer!

-------------------------

POST SCRIPTUM

Ha transcurrido ya casi un año desde la fecha en la cual se elaboró éste trabajo. Cuando fué terminado, Spectator hizo varios pronósticos. Ha llegado la hora de comprobar si realmente se han ido cumpliendo en todo o en parte algunos de dichos pronósticos, o si tales pronósticos fueron una falsa alarma inventada por una fantasía despegada por completo de la realidad.

En aquél entonces, Spectator afirmó lo siguiente:

(1) La distribución desigual de la riqueza en México acumulada desde los tiempos en que los tecnócratas neo-liberales llegaron al poder continuará acrecentándose a pasos agigantados. Los ricos se volverán más ricos y los pobres se volverán más pobres como estuvo sucediendo desde que el panista Vicente Fox tomó las riendas del poder, con la clase media quedando atrapada en medio.

En el mes de abril del 2007, México se convirtió en el país de residencia del segundo hombre más rico del mundo, Carlos Slim, de acuerdo con lo publicado en este mes por la revista Forbes. Veamos ahora lo que dice el siguiente artículo publicado por la revista Siempre! número 2810 en éste mismo mes de abril del 2007:

Bueno resultó el PAN para gobernar
Devastación social: 68 millones de pobres
Félix Fuentes
Revista Siempre!
22 de abril del 2007

La devastación social de México es claramente definida en estas cifras oficiales: 49 millones de compatriotas -47 por ciento de la población- vive en "pobreza patrimonial", o sea, sin ingresos suficientes para necesidades de alimentación, vestido, calzado, vivienda, salud, educación y transporte. Y otros 19 millones -18.2 por ciento- padece la pobreza "más lacerante".

Lo hizo saber la titular de Desarrollo Social, Beatriz Zavala Peniche, en su comparecencia del 11 de este mes en el Senado. No se advirtió, sin embargo, que los “abuelos de la patria” se hubiesen estremecido por tan grave información.

La "noticia" se perdió de un día a otro. Las televisoras ni se ocuparon del tema, las estaciones de radio le dedicaron unos minutos y lo pasaron por alto los "analistas" televisados.

Sí llamó la atención a varios legisladores que la anterior titular de esa dependencia y hoy secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, dijera en agosto del 2005 que la pobreza "se había reducido durante el periodo de Vicente Fox, de 52 millones a 47 millones de pobres".

Según cuentas de reporteros observadores, en 19 meses aumentó la población de pobres en 19 millones y la de "pobreza lacerante" en 1 millón 700 mil.

Así quedó a la vista otra falacia criminal del régimen pasado, elaborada por la "educadora" Josefina Vázquez Mota. Era constante el discursillo de Vicente Fox sobre la supuesta disminución de la pobreza y no hubo diputado o senador que lo desmintiera, de frente y en su momento.

En la misma comparecencia, el senador perredista Graco L. Ramírez se encaró a Beatriz Zavala y le mostró un listado, con nombres y apellidos, de 27 delegados de Sedesol, todos panistas. Son quienes, con fines electoreros, manejan la "política social" de dádivas a través del nefasto programa Oportunidades, creado por el foxismo.

Dichos delegados son ex funcionarios de administraciones blanquiazules, líderes partidistas y ex legisladores. La mayoría fue heredada por Vázquez Mota a la actual administración, pero los coordinadores de partidos del Senado, ¡excepto el PAN!, demandan la remoción de esos funcionarios empanizados.

A Beatriz Zavala le reprocharon en la Cámara Alta que el 24 de marzo pasado fue a Yucatán y entregó recursos, bajo el rubro de Oportunidades, en apoyo del candidato panista al gobierno estatal, Xavier Abreu Sierra. En ese recorrido benefició a 133 mil familias de tendencia blanquiazul.

Sin respuestas ante las severas incriminaciones, Beatriz Zavala aseguró que los programas sociales, como el de Oportunidades, están blindados. Pero no especificó contra quienes.

Así quedó demostrado, durante dicha sesión senatorial, que al régimen actual le importa poco cuántos pobres existan en nuestro país y tampoco el incremento de esas cifras trágicas. Por añadidura, los recursos aprobados por el Congreso para fines sociales son utilizados en la compra de votos.

Buenas resultaron las señoras de Acción Nacional para esos menesteres. Después del desempeño de Vázquez Mota hasta las elecciones del 2006, Marta Fox impuso en Sedesol a Ana Teresa Aranda -la de los piojos- y la releva Beatriz Zavala, quien sigue los pasos de sus antecesoras, al pie de la letra.

Otro pronóstico de Spectator fué el siguiente:

(3) No habrá castigo alguno para el "cuñado incómodo" de Felipe Calderón por los enriquecimientos desmedidos que logró gracias a su tráfico de influencias bajo el sexenio de Vicente Fox.

Sobre ésto último, los hechos hablan por sí solos. Quien no lo crea, lea la nota periodística de Alma E. Muñoz publicada por LA JORNADA el 15 de marzo del 2007 en donde se consigna lo siguiente:

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) denunció ayer que Diego Hildebrando Zavala, cuñado del presidente Felipe Calderón, se sigue beneficiando con contratos de la administración federal.

El presidente nacional del PRD, Leonel Cota Montaño, informó que el hermano de Margarita Zavala, la esposa de Calderón Hinojosa, "ha recibido subsidios millonarios por parte de la Secretaría de Economía", además de firmar contratos, por conducto de las empresas Inteligencia Activa e Hildebrando SA de CV, con los institutos para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

Destacó que la Secretaría de Economía le otorgó recursos en 2006 por más de 3 millones de pesos, por conducto de la segunda empresa, mediante el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software.

Cota Montaño acusó a Calderón de incumplir una más de sus promesas de campaña. "Dijo que no otorgaría contrato alguno a ninguno de sus familiares", y tenemos que el IPAB le brindó a su cuñado el convenio CS/IPAB/025/2007, por un millón 400 mil pesos, para el mantenimiento y desarrollo de sistemas, durante un año.

El INEGI, además, le otorgó por tres meses el contrato 061012-013-05 para integrar servicios de informática y de información, a cambio de un millón de pesos, mediante Inteligencia Activa.

O sea, insistió, "se repiten las mismas prácticas" -como hizo su antecesor, Vicente Fox Quesada- de impulsar desde las cúpulas del poder los negocios familiares. Condenó los subsidios que la Secretaría de Economía entregó a Hildebrando, cuando al menos una de sus empresas generó en un año ingresos superiores a 90 millones de dólares.

Otro pronóstico de Spectator fué el siguiente:

(8) Con el ascenso de Felipe Calderón al poder, el cual está en deuda enorme con la extrema derecha mexicana, quedan pocas dudas de que los operativos de espionaje en contra del pueblo de México continuarán, quizá con mayor fuerza que antes. Ahora ya ningún mexicano, sobre todo aquellos metidos en la política, se puede considerar a salvo, y debe cuidarse porque en el momento en que menos se espera alguien lo está escuchando e inclusive lo está videograbando.

Se puede dar por hecho que los espionajes han continuado. Y no sólo han continuado, sino que el mismo Felipe Calderón ha estado tratando de legalizarlos. En efecto, si leemos la nota periodística elaborada por Gustavo Castillo García y publicada en primera plana en LA JORNADA el 10 de marzo del 2007, encontramos lo siguiente:

Espionaje sin orden judicial pide Calderón

El gobierno de Felipe Calderón envió al Congreso dos iniciativas de ley que facultan a la Procuraduría General de la República (PGR) a realizar detenciones, allanamientos de morada, cateos, intervenciones telefónicas y hasta arraigos sin la autorización previa de un juez para perseguir la presunta comisión de delitos relacionados con el crimen organizado.

El mandatario busca que la policía federal cuente con la facultad de allanar domicilios "en caso de flagrancia", y que el Ministerio Público Federal (MPF) intervenga "comunicaciones de forma inmediata", porque "en ocasiones acudir a la autoridad judicial dificulta o imposibilita la investigación", por lo que considera pertinente que hasta después de que se realicen estas acciones, un juez "de manera oficiosa revise la legalidad de las intervenciones y los cateos".

A pesar de que estas propuestas aún no son aprobadas por el Congreso, el gobierno federal ya compró equipo a una empresa estadunidense especializada en intervenciones telefónicas para que en las próximas semanas la autoridad ministerial cuente con los sistemas necesarios y pueda operarlos sin problema, revelaron fuentes gubernamentales.

Ante esta aberración propuesta por Felipe Calderón, en el mismo medio periodístico se publicó al siguiente día una nota de seguimiento en la cual se asienta lo siguiente:

Aberración jurídica, iniciativas del Ejecutivo sobre justicia: expertos

Investigadores y especialistas en derecho constitucional advirtieron que de aprobarse las iniciativas sobre seguridad y justicia penal enviadas al Congreso por el presidente Felipe Calderón, para autorizar juicios sumarios, allanamientos, cateos, intervenciones telefónicas, e incluso arraigos, sin la autorización previa de un juez, desaparecería el estado de derecho. "Cualquier ciudadano podría ser acusado de algún delito, sin mayor prueba, al prevalecer la indefensión"; aseguran que estas propuestas obedecen a presiones de Estados Unidos.

Afirman que las iniciativas de reforma legislativa son "una aberración jurídica", porque se pretende actuar en contra de las garantías individuales al imponer el pragmatismo legal que aplican Estados Unidos y Colombia, el cual en los hechos ha demostrado su ineficiencia.

"Error de forma y fondo"

El constitucionalista Raúl Carrancá afirma que las propuestas federales son un "gravísimo error de forma y fondo", que otorgarían al Estado "un poder inaudito", que utilizaría para combatir la delincuencia, pero también para otras cosas, y "eso está demostradísimo, aunque pregonen y griten que no".

En tanto, el doctor en derecho Clemente Valdés considera que se trata de "una peligrosa reforma, toda vez que hay medidas que ponen en riesgo garantías fundamentales, y podrían cometer atrocidades".

Elisur Arteaga Nava, constitucionalista e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), afirma que la iniciativa es "inconstitucional"; no se pueden ejecutar de forma unilateral acciones orientadas a la aplicación de la justicia sin consultar a la sociedad y alcanzar consenso, advierte.

"Cualquier reforma a la Constitución para permitir la aplicación de estas medidas significaría que, "con el pretexto del combate al narcotráfico, se fortalecerían las atribuciones de la Procuraduría General de la República, pero al mismo tiempo se acabaría con el estado de derecho y el respeto a la ley, pues con esas atribuciones no sólo se violan las garantías fundamentales, sino que estaríamos en peligro de ser acusados de cualquier delito", dijo.

Al respecto, Agustín Pérez Carrillo, profesor-investigador de la UAM-Azcapotzalco y especialista en derechos humanos y delitos políticos, señala que ante la "falta de legitimidad" del gobierno calderonista, es evidente que "de lo único que pueden agarrarse es de la fuerza pública y de la acotación de derechos para intentar legitimarse ante la sociedad, con una administración que en apariencia ejerce la mano dura, pero que en los hechos sólo es simulación".

De cualquier modo, sin haber esperado la autorización legal del Congreso, seguramente el gobierno calderonista ya le está dando un uso "apropiado" al equipo de espionaje que fue comprado a una empresa estadounidense especializada en intervenciones telefónicas. Que al fin y al cabo, para eso es.

La confirmación de que en México se está llevando a cabo ya un espionaje extendido sobre la población civil usando como pretexto para ello el combate al narcotráfico, un espionaje que de hecho será expandido enormemente con la ayuda del gobierno norteamericano, proviene no de alguna nota nacional sino de los medios periodísticos norteamericanos, y a este respecto Spectator citará aquí un artículo elaborado por Sam Enríquez, reportero de Los Angeles Times, publicado el 25 de mayo del 2007. La nota asienta que el gobierno de Felipe Calderón espiará llamadas telefónicas y correos electrónicos con ayuda de los Estados Unidos. Sam Enríquez explica en su artículo que las autoridades mexicanas han tenido capacidades de espiar cualquier llamada telefónica o hacer rastreo de correos electrónicos desde hace años, pero que un nuevo sistema de intercepción de comunicaciones que costó 3 millones de dólares que estaba está ya siendo instalado por la AFI (Agencia Federal de Investigaciones) esto permitirá seguir los teléfonos móviles de usuarios mientras viajan, identificar personas por su voz, y el cual tendrá una capacidad de almacenamiento muy grande. Lo curioso es que toda la información de este sistema está disponible de forma pública en documentos del gobierno estadounidense que fueron lo que el medio Los Angeles Times estuvo consultando. (Nota Importante: Estados Unidos tendrá la posibilidad de accesar toda la información que se produzca por medio de este nuevo sistema.) De acuerdo a Susan Pittman, del departamento de Estado, esto es una operación mexicana financiada por los Estados Unidos. Naturalmente, durante la investigación emprendida por Los Angeles Times, el gobierno mexicano se negó a dar declaraciones.

Y faltando tan sólo tres semanas para cumplirse la mitad del descalabrado sexenio de Felipe Calderón como Presidente de México, apareció publicado en varios medios algo como lo siguiente:

Instrumento de Control
Jorge Carrasco/Álvaro Delgado
Agencia APRO
8 de noviembre del 2009

Además de que implica una regresión democrática y un dispendio en medio de la crisis económica, al tiempo que exhibe un desapego a la ley y genera dudas en la licitación, el proyecto del Gobierno de Felipe Calderón de expedir la Cédula de Identidad Ciudadana (CIC) esconde un objetivo estratégico: el “control” de los más de 100 millones de mexicanos.

Este propósito fue revelado, de manera involuntaria, por funcionarios de la Secretaría de Gobernación en octubre de 2007 durante una reunión privada con diputados y senadores, en el marco de la mesa de la reforma electoral y en la cual el Gobierno pretendía impulsar el Registro Nacional de Población (RNP) y la CIC.

En ese encuentro, encabezado por el entonces subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Florencio Salazar, el director general del Registro Nacional de Población e Identificación Personal (Renapo), Carlos Anaya Moreno, mostró por descuido a los legisladores una lámina en la que se aceptaba que la cédula no es sólo para dar cumplimiento a la Ley General de Población, sino que es parte de un “programa estratégico del Gobierno de la República por razones de control”.

Los senadores Jesús Murillo Karam (PRI), Ricardo García Cervantes (PAN) y Arturo Núñez (PRD), así como los diputados Felipe Solís Acero (PRI) y Juan Guerra (PRD) manifestaron su alarma por el afán del Gobierno de controlar la sociedad a través del RNP y la CIC, además de desplazar a la credencial de elector como documento de identidad.

En esa reunión estuvieron presentes también Alejandro Poiré, entonces asesor de Juan Camilo Mouriño, jefe de la Oficina de la Presidencia, y quien opera actualmente el proyecto de la CIC como subsecretario de Gobernación, y Guadalupe Acosta Naranjo, en ese momento presidente nacional del PRD, quien confirma que la oposición rechazó el proyecto que, más que de identidad, es de “control” social.

“Así fue. El PAN propuso el tema y pedimos que compareciera gente de la Secretaría de Gobernación para saber qué estaban pensando sobre el Registro Nacional de Ciudadanos y la Cédula de Identidad Ciudadana”, explica a Proceso Acosta Naranjo, quien hoy es diputado federal.

“Luego de esa exposición tan burda, hubo un rechazo del PRI y del PRD a ese planteamiento que pretendía ser parte de la reforma electoral y entonces se congeló”, dice el legislador, y recuerda que en esa ocasión expuso que las implicaciones de este proyecto de Calderón son muy graves para el país y la democracia.

“Tardamos muchísimos años en lograr que el Registro Nacional de Electores se le quitara al gobierno federal y con esta nueva figura de Registro Nacional de Población se lo devolveríamos, en los hechos, otra vez. No puede el gobierno volver a tener el control –control, como mencionaron ellos–, mucho menos del padrón electoral.”

Otro de los asistentes a esa reunión, el senador Arturo Núñez, recuerda que el tema de la CIC “generó mucha suspicacia, porque iba a traer un chip con información de los programas sociales que se le entregan a la gente. Nos generó mucha preocupación vincular el tema electoral con el tema social, que hoy se presta tanto a la compra del voto y su manipulación”.

Pero después de ese “congelamiento” del Registro Nacional de Población y la Cédula de Identidad Ciudadana, y tras la derrota del PAN en las pasadas elecciones federales, Calderón relanzó públicamente su proyecto, el 28 de julio, en la conmemoración del 150 aniversario de las Leyes de Reforma.

La decisión causó estupor y molestia en el Instituto Federal Electoral (IFE), porque la expedición de la cédula tendrá un efecto pernicioso en el padrón electoral. El estudio más reciente del Registro Federal de Electores, de finales de octubre, establece tres escenarios, el peor de los cuales es que hasta 14 millones de ciudadanos dejarán de actualizar su credencial para votar y esto generará un desinterés en la participación.

Pero aún así los nueve consejeros no han logrado una posición unánime, e inclusive el presidente del organismo, Leonardo Valdés, pactó con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, la “coexistencia” de los dos documentos, censurada por los consejeros Marco Antonio Baños, Marco Antonio Gómez, Virgilio Andrade, Alfredo Figueroa y Benito Nacif.

El consejero Baños alerta sobre la cédula: “La consecuencia inmediata es que el padrón electoral no será un instrumento confiable para las elecciones presidenciales de 2012, y la mediata es la desaparición del Registro Federal de Electores, sin que se hayan tomado las decisiones de fondo respecto del Registro Nacional Ciudadano. Ese es el problema.”

Baños ha sido el consejero que más oposición ha manifestado a la implementación de la CIC, que sustituiría a la credencial de elector con fotografía como documento oficial de identidad e inclusive, en una reunión con senadores, planteó a los grupos parlamentarios pronunciarse al respecto.

Aunque la comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó, el 5 de agosto, un punto de acuerdo para solicitarle información a la Secretaría de Gobernación sobre los costos y plazos para la expedición de la CIC, sólo el grupo parlamentario del PRD ha impulsado acciones al respecto.

La senadora Claudia Corichi García, de Zacatecas, presentó, el 1 de septiembre, una iniciativa para derogar los artículos de la Ley General de Población referidos al RNP y a la CIC, con el fin de evitar el gasto de más de 3 mil millones de pesos y que los datos queden a cargo de la Secretaría de Gobernación.

En la iniciativa, Corichi expone que la expedición de la CIC no se ha materializado, como lo ordena la ley desde 1992, porque los ciudadanos ya cuentan con otros documentos de identidad de legal aceptación, como el pasaporte y la credencial para votar, pero sobre todo “por una bien fundada desconfianza de la ciudadanía a que una entidad del gobierno federal con claros antecedentes de ser un instrumento de control político, la Secretaría de Gobernación, tenga sus datos personales”.

En entrevista, Corichi dice que es inoportuno que el gobierno gaste más de 3 mil millones de pesos y, sobre todo, que la Secretaría de Gobernación concentre la información de todos los mexicanos.

“Puede ser un instrumento de control político y de uso político. ¿A poco los candidatos del PAN o el que será candidato a la Presidencia de la República no terminará teniendo acceso para darle uso político? Yo tengo dudas de que no lo hagan. La preocupación es que toda la información se concentre en un organismo que depende de la Secretaría de Gobernación y de la Presidencia de la República para el control político y electoral.”

– ¿Hay posibilidades de que se dictamine su iniciativa?

– La verdad no creo. Lo grave es que el tema se está subestimando, no nada más por algunos senadores, sino en general por los partidos políticos y por la misma ciudadanía.

Y es que, en un afán por el control de los ciudadanos por razones de “seguridad nacional”, Calderón pretende echar a andar la CIC a partir de este mes de noviembre, lo que le permitirá tener la información biométrica de la población y cruzarla con otras bases de datos en posesión del gobierno.

Se trata de un viejo anhelo gubernamental que se gestó en el gobierno de José López Portillo que, en julio de 1980, anunció la creación del Registro de Población e Identificación Personal y la Cédula de Identificación Personal. Esta iniciativa se frustró por las críticas de ser un instrumento de control político-policiaco con fines represivos.

Pero Calderón no desiste: En su prisa por disponer de todos los datos de la población, pasa por encima de la Ley General de Población de 1992, que lo obliga a elaborar el Registro Nacional de Ciudadanos, el Registro de Menores de Edad y el Catálogo de los Extranjeros residentes en México –que integran el Registro Nacional de Población (RNP)– antes de emitir la cédula.

El reglamento de esa ley señala que, además de esos datos, en el Registro Nacional de Ciudadanos se debe incluir el lugar y fecha de la inscripción, los nombres completos de los padres y la localización del acta de nacimiento en el Registro Civil, del certificado de nacionalidad o de la carta de naturalización.

Calderón no lo hizo así y lo que busca es la emisión de la cédula, pero además se le adelantará al Senado, donde está pendiente la aprobación de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, y ha desdeñado también al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) por el manejo de información personal.

Calderón prevé el control de los datos de prácticamente toda la población: Su objetivo es registrar a 110 millones 40 mil mexicanos para cuando termine su gobierno.

En el caso de la CIC, que será obligatoria para los mayores de 18 años, el gobierno tendrá en su poder la información biométrica del iris de los ojos, de todo el rostro y de las huellas digitales de los 10 dedos de las manos. Además del nombre completo, fecha y lugar de nacimiento y firma. Los registros personales incluirán documentos digitalizados.

El control ciudadano será total, pues esos datos se asociarán a la Clave única de Registro Poblacional (CURP) mediante un Número único de Identidad Biométrica. Con toda esa información se creará el Sistema Nacional de Identificación Personal (SNIP), que se alimentará también con información de bases de datos existentes en la Administración Pública. Su centro de operación estará en Aguascalientes, donde también tiene su sede el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Gobernación se perfila de nueva cuenta como una secretaría poderosa, luego de que en el gobierno de Carlos Salinas perdió el control de las elecciones y del padrón electoral, y en el de Vicente Fox las funciones de seguridad pública.

El control directo recaerá en la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal (DGRNPIP), dependiente de la subsecretaría de Población, pero la información será recabada por una empresa privada, según la licitación pública nacional número 00004001-009-09, publicada el 24 de septiembre último.

Calderón prevé destinar 3 mil 100 millones de pesos para la puesta en marcha de este proyecto. Este año ya dispuso de 480 millones y solicitó mil 173 millones para el próximo, según el proyecto del Presupuesto de Egresos enviado a la Cámara de Diputados. (Este oneroso dispendio fue planificado pese a estar sumergida la Nación entera en su peor crisis económica desde los tiempos de la Gran Depresión de 1929.)

El miércoles 18 la Secretaría de Gobernación designará a la empresa ganadora, la cual deberá acondicionar, entre noviembre y mayo de 2010, el Centro de Datos con la infraestructura para el procesamiento, almacenamiento, telecomunicaciones y seguridad.

Avalada por la organización Transparencia Mexicana, la licitación pide sólo un año de experiencia en la prestación de este tipo de servicios y, peor aún, no exige ninguna certificación para el responsable de la seguridad física del centro de cómputo.

La convocatoria dice que el software pasará a ser de la DGRNPIP, que operará el SNIP, pero no especifica si la infraestructura de cómputo donde operará el Sistema será propiedad de la Secretaría de Gobernación. Tampoco la empresa será la responsable de la distribución y entrega de la cédula, a pesar de que al momento de que el ciudadano obtenga el documento deberá validar la información biométrica.

Además de esas inconsistencias, el gobierno de Calderón ha apresurado el proceso de licitación, pues apenas dio poco más de un mes para que las empresas interesadas conocieran las bases, resolvieran dudas, hicieran sus propuestas y presentaran su propuesta económica.

Una de las formas de que se frene el proyecto de Calderón es que la Cámara de Diputados no apruebe los mil 173 millones solicitados. El diputado Acosta Naranjo no descarta esa opción.

“No creo que lo aprobemos, por lo menos el PRD se opondrá. Es un problema de un doble gasto cuando tenemos serios problemas económicos. No va a pasar, a menos que el PRI llegue a un contubernio, que no veo difícil.”

En su afán de “control”, y para materializar su proyecto, la Secretaría de Gobernación pretendió valerse de la información del Registro Federal de Electores, que depende del IFE.

El 21 de febrero de 2007 propuso al IFE un intercambio de bases de datos para tener acceso a la información de los 78 millones de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, incluidos los datos biométricos de 55 millones de personas que ya tiene, pero el organismo rechazó la pretensión.

No era para menos: en 1999 el IFE, cuyo presidente era José Woldenberg, y la Secretaría de Gobernación, encabezada por el ahora panista Diódoro Carrasco, firmaron un convenio para darle a la DGRNPIP parte de la base de datos e imágenes del padrón electoral.

En 2003, esa información fue traficada y vendida a la empresa Choice Point, lo que obligó al IFE cancelar el convenio. En 2008, a lo que más llegó la colaboración fue que Gobernación le diera al IFE la información para incorporar la CURP a la credencial de elector.

Al respecto, el consejero Baños, responsable de negociar el convenio con la Secretaría de Gobernación como presidente de la Comisión del Registro Nacional de Electores, dice que hizo una advertencia al secretario Juan Camilo Mouriño y a la subsecretaria Ana Teresa Aranda:

“Para hacer una buena negociación hay que tener muy claras las cosas y hay un tema que sería intransitable: entregarles la base de datos del padrón electoral. La razón es muy sencilla: la ley dice que para efectos de actualización del Registro Ciudadano nosotros les vamos a dar ese padrón, nada más que ustedes no tienen ese Registro Ciudadano. ¿Cómo lo van a actualizar si no lo tienen?”

Según el consejero, Mouriño y Aranda estuvieron de acuerdo con ese argumento y, en esa misma reunión, les expuso como panista un argumento de fondo: “Ustedes han contribuido a la construcción del IFE y entonces ustedes no pueden socavar la legitimidad que el IFE ha tenido por la vía del padrón electoral, porque serían 18 años de regresión política”.

Baños afirma que, desde que Calderón relanzó el proyecto, el gobierno ha actuado con falta de pertinencia, porque debilita al IFE cuando debería fortalecerlo.

“El gobierno tiene que ser más claro respeto a qué quiere hacer con la Cédula de Identidad y para qué le va a servir en el fondo. Hay muchas versiones que hablan de que es, fundamentalmente, un mecanismo de seguridad que quiere el gobierno de la República de cada uno de los mexicanos. Si es así que lo diga con toda claridad y que no sea ambiguo.”

Pero lo anterior no es lo único nuevo que apareció en el panorama para permitirle al gobierno panista-Yunquista el poder vigilar y espiar más de cerca a todos los mexicanos. Para abril del 2010 estaba programado para materializarse el registro obligatorio de todos los usuarios de teléfonos celulares, dándole al gobierno los medios no sólo para poder rastrear todo tipo de comunicaciones telefónicas hechas a través de los teléfonos celulares sino a quienes las están haciendo, como podemos verlo en la siguiente nota:

Perderá línea quien no registre celular
Staff
Agencia Reforma
12 de marzo del 2010

Los usuarios de celular que no den de alta sus números en el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Celular (Renaut) antes del 10 de abril quedarán sin servicio y no se les indemnizará ni se les realizará ningún pago.

El decreto que modificó la Ley Federal de Telecomunicaciones señala, en su artículo cuarto transitorio, que los operadores tienen la obligación de suspender el servicio de los números no registrados en el Renaut sin que se pueda reactivar el servicio ni que el usuario tenga derecho a algún pago o indemnización.

El plazo que se dio a los operadores fue de un año a partir de la expedición del decreto, el 9 de marzo de 2009.

“Los concesionarios deberán realizar una campaña dirigida a sus clientes (...) para informarles de la obligación de registrar y actualizar los datos (...), y de las consecuencias en caso de no hacerlo dentro del plazo señalado, consistente en la suspensión del servicio, sin derecho a reactivación, pago o indemnización alguna.

“Transcurrido el plazo señalado, existe la obligación por parte de los concesionarios de cancelar en forma inmediata las líneas de telefonía móvil que no hayan sido identificadas o registradas por los usuarios o clientes”, dice el decreto.

Gustavo Cantú, vicepresidente de desarrollo de negocios de Nextel, indicó que si bien todos sus clientes son de pospago, de acuerdo con la ley deben registrarse.

Ivonne Torres, especialista en derecho informático, explicó que darse de alta en el registro es una obligación para todos los ciudadanos, sin importar si son de pospago o prepago.

Es una obligación de carácter federal, al estar incluido dentro de la ley de telecomunicaciones y no viola la garantía de comunicación porque las personas pueden acceder a otros medios, explicó.

Si había alguien que aún creía que todavía era posible gozar de cierta privacidad y confidencialidad a través de su teléfono celular, ese privilegio ya se acabó usándose como pretexto la fantasía de que para eliminar los secuestros o las extorsiones lo que se necesita es tener un registro con el nombre y la dirección de los 83 millones de teléfonos celulares que existen en el país. ¿Quién va a suponer que un secuestrador o extorsionador utilizará un teléfono registrado a su nombre para cometer un delito? Pero, además, ¿quién piensa que esto impedirá que los criminales logren tener acceso a estos dispositivos y los utilicen para sus propósitos con el simple recurso de robarle a un ciudadano honrado su teléfono celular a punta de pistola? Lo único que esto logrará además de permitirle al gobierno de la derecha-ultraderecha en el poder un mejor espionaje y control político de los ciudadanos respetuosos de la ley es que el nuevo sistema puede convertir en presuntos delincuentes a las personas que sufran el robo de sus teléfonos celulares a menos de que el pobre ciudadano inocente y honrado cuyo teléfono sea robado y utilizado para propósitos criminales se resigne a perder horas enteras para reportar el robo de un celular ante el temor de que se le considere cómplice de delitos. Los secuestradores, por supuesto, no tendrán problemas.





El siguiente afamado editorialista comparte la opinión de muchos otros sobre esta medida de control que será ejercida por un Estado cada vez más parecido a un régimen de corte Hitleriano:

Hacia un Estado inquisitorial
Miguel Angel Granados Chapa
Plaza Pública
8 de abril del 2010

El Estado avanzará a partir de la medianoche de mañana hacia su intento no expreso pero claro de conocer a sus gobernados palmo a palmo, con fines que no pueden ser sino inquisitoriales, limitativos de los derechos individuales, entre los que cuentan primordialmente en este caso los de privacidad. Con el apoyo de su partido (al que se sumó el PRD), el Senado rechazó ayer la minuta en que los diputados aprobaron prorrogar el plazo para la inscripción de los teléfonos celulares en un registro montado con propósitos de seguridad pública y nacional pero carente de mecanismos que garanticen su uso adecuado a sólo esos objetivos.

El establecimiento de este registro, que la autoridad alega que es necesario a partir de su propia incapacidad de controlar el uso de la telefonía móvil en la comisión de delitos, hace pareja con otras disposiciones tendientes al mismo fin, el de conocer datos personales de los mexicanos con fines más allá de los expresados. El más sobresaliente es el de la Cédula de Identidad Personal que en el proyecto gubernamental –echado a andar, por lo demás, con serios problemas de transparencia administrativa– busca información que se satisface con la ya obtenida en millones de casos por el registro electoral. Pero la Secretaría de Gobernación quiere más. Por eso se empecina en generar un nuevo documento que además de costoso entraña riesgos mayores aun que los del registro de la telefonía celular, que no son menores. A ese paso, usted quedará fichado como lo están los delincuentes aun sin haber incurrido en ninguna conducta ilícita.

El camino hacia al Estado inquisitorial se pavimentaría más de aprobarse la ley que, a pedido formal suyo, otorgaría al Ejército facultades policiales que permitan a militares irrumpir en los domicilios sin orden judicial, cuando se persiga a un presunto delincuente inmediatamente después de la comisión de un ilícito o cuando se presuma que está por cometerse. El margen de discrecionalidad que el uso de esa facultad implica es tan ancho que haría precarísimas las garantías de seguridad y legalidad establecidas en la Constitución. Porque es fácil comprender, aun por los partidarios de la mano dura, los convencidos de que hay acabar con la creciente violencia criminal al precio que sea, que sus propios domicilios quedan en peligro de ser asaltados, a pesar de que ni remotamente guarden relación alguna con la delincuencia, organizada y común.

Ese riesgo, el de atentar contra los derechos de las personas, se actualiza cotidianamente. El sábado pasado, el de gloria para los católicos, una camioneta que recorría una carretera tamaulipeca, fue tiroteada por militares que en un retén dieron una señal ambigua: el conductor del vehículo creyó que le abría paso y reemprendió la marcha que casi había detenido ante la proximidad de los soldados, y cuando hubo cruzado el retén los militares abrieron fuego contra el vehículo. De ese modo, atacados por la espalda, murieron dos niños, Martín y Bryan Almanza Salazar, de nueve y cinco años de edad; y quedaron heridos Martín Almanza, su padre, y su tío Carlos Alfredo Rangel. En la camioneta baleada viajaban además las esposas de los lesionados y cinco niños más, uno de ellos de apenas tres meses de edad.

No ha habido explicación alguna de la autoridad militar y por supuesto ni toma de nota y menos condolencia de la casa presidencial, como no las hubo por el asesinato de diez muchachos en una remoto paraje duranguense, un trozo del país sustraído a la gobernabilidad estatal, y uno de los varios que se pudo señalar al Presidente Calderón cuando retó a que le mencionara una porción por mínima que fuese donde el Estado careciera de presencia, acto de jactancia que no tuvo secuelas.

El registro telefónico cuyo incumplimiento dejará incomunicados por la vía celular a lo usuarios que no se inscriban en las próximas horas, hasta las veinticuatro de mañana sábado, contiene un elemento insidioso. Por su propia naturaleza, el de un contrato mercantil de prestación de servicios, se ha generado ya la información que ahora se requiere imperativamente. Las empresas telefónicas podrían haber sido instadas por la autoridad ya no digamos a entregar materialmente sus propios padrones, siempre al día pues son los que permiten la cobranza y el mantenimiento del servicio, sino a ponerlos enteros a disposición de las autoridades. De hecho, ya ahora mismo información de ese catálogo está disponible para casos especialmente demandados por agencias de gobierno. Pero la reforma legal quiso implicar directamente a los usuarios, contar con un gesto expreso de su voluntad que en este caso significa contribuir a tejer una cuerda que eventualmente pueda ser atada a su cuello y que los pone en riesgo de persecución judicial si el número de su aparato es utilizado para delinquir.

Aunque es tarde para que genere efectos prácticos no es desechable la doble moción de Salvador Guerrero Chiprés (Doctor en Política por la Universidad de Essex), comisionado ciudadano del Instituto de Información Pública del Distrito Federal. A título personal solicitó amparo contra la cancelación del servicio. En esa demanda y en una iniciativa para que la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública debata el asunto, el quejoso y comisionado reclama protección a los datos personales entregados a la autoridad sin un marco legal (pues falta la ley federal respectiva) y el registro carece de un mecanismo de seguridad que impida, o inhiba, o haga sancionable su mal uso.

No se requirió mucho tiempo para comprobarse la completa inutilidad del RENAUT en el combate a las extorsiones telefónicas, su supuesta razón de ser, ya que al 10 de mayo del 2010 se reportaba un incremento en las extorsiones telefónicas, esto un poco antes de que se ofertara en Internet la base de datos de todos los usuarios en México con teléfonos celulares registrados a nombre de ellos así como la información de su CURP (Clave Unica de Registro Poblacional) que a través de las no-tan-confidenciales bases de datos del padrón electoral del IFE se prestaban a la promoción del mismo delito de extorsión telefónica que supuestamente se iba a combatir. ¿Qué extorsionador puede resistir la tentación de cometer sus fechorías cuando gracias al gobierno federal panista tiene ya al alcance de su mano casi toda la información confidencial que pudiera desear obtener? Y si además del mismo gobierno una pequeña banda de criminales puede obtener la base de datos completa del listado de los teléfonos celulares de todos los que poseen un teléfono celular activo en México, ¿quién cree realmente que organizaciones delictivas clandestinas de extrema derecha como la Organización Nacional del Yunque y los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara se van a privar a sí mismos de esta tentadora posibilidad, incrementándose enormemente sus posibilidades de espionaje con fines políticos sobre todo el pueblo de México, un espionaje intenso que ya de por sí se ha estado ejerciendo en todo el país de mil maneras desde el arribo del PAN al poder?

Por si todo lo anterior que se ha mencionado no bastase para poner a reflexionar a más de un mexicano que esté preocupado por la confidencialidad de su información privada, obra el hecho de que el registro obligatorio de todos los teléfonos celulares en México será extendido en una segunda etapa cuando se obligue a los usuarios a presentarse en persona para que se les tome su fotografía y su huella dactilar cuando llegue el momento de revalidar el registro del teléfono celular. Esta segunda etapa está siendo impulsada activamente, desde luego, a través de los infiltrados incrustados dentro de las dependencias públicas oficiales que en vez de representar los intereses del pueblo de México representan los intereses de aquellos a los que realmente sirven.

Spectator hubiera preferido mil veces haberse equivocado rotundamente al hacer sus pronósticos; nada le hubiera agradado más a Spectator que el que las promesas luminosas hechas por el autollamado Presidente del Empleo se hubieran ido cumpliendo una por una, desmintiendo todo lo dicho por Spectator. Desafortunadamente, no ha sido así, y es lo afirmado por Spectator lo que se ha venido cumpliendo con una precisión casi matemática. Y, lamentablemente, lo peor está aún por venir.